La Superintendencia de Competencia anunció que ha solicitado la elaboración de un estudio sobre las condiciones de competencia en la televisión abierta.
Los resultados de este estudio técnico permitirán a la institución poder pronunciarse sobre la situación del mercado de televisión abierta o digital debido a las concesiones que se están solicitando en la actualidad y las que se hagan en el futuro, dijo el Superintendente de Competencia, Francisco Díaz.
Aseguró que este estudio no solo servirá para una actuación, sino obviamente queda para un período de tiempo.
Francisco Díaz conversó con Diario1 sobre la función de la institución que dirige, la importancia de la competencia, los beneficios para la población en general, el papel que ha jugado en la reciente polémica por la concesión del canal 11 y el objetivo del estudio sobre las condiciones de competencia en la televisión abierta.
¿Cuál es la principal función de la Superintendencia?
Creo que la manera más clara, fácil, de describir el papel de las autoridades de competencia en general es decir que tienen por función mantener disciplina en el mercado, es decir, evitar que se abuse del poder que puede llegar a tener un agente económico en el mercado. Y evitar también las dificultades que pueda ocasionar el Estado mismo a través actos administrativos, leyes y ordenanzas municipales, crear obstáculos a la competencia.
¿Cuál es la importancia de la competencia en la economía?
La competencia es fundamental, por un lado, para que haya eficiencia en la economía de un país y, por otra parte, para que haya beneficio a los consumidores. ¿Qué es lo que motiva la posibilidad de innovar? ¿La posibilidad de mejorar la calidad, mejorar el servicio o buscar bajar los precio? Lo motiva el interés de ganar más clientela. Y para eso tiene que haber rivalidad entre varios agentes económicos. Si desaparece la rivalidad, desaparecen todos esos incentivos y eso se traduce en menor eficiencia en la economía y en perjuicio de los consumidores. Entonces de ahí que las autoridades de competencia deban buscar mantener que la competencia deba fluir en entera libertad.
Al ciudadano en general ¿en qué le beneficia la Superintendencia?
De una manera directa no hay un beneficio porque la Superintendencia hace recomendaciones de políticas públicas para el Ejecutivo o para otras instituciones de gobierno en el sentido de que estas mejoren o las condiciones de competencia resuelvan las fallas del mercado.
¿Qué significa eso?
Con esto quiero decir que si no hay una conciencia de parte del gobierno sobre la necesidad de mejorar la competencia en función de la eficiencia de la economía, pues poco se hará.
¿Cómo podría beneficiar?
Por una parte, reduciendo costos en la canasta básica en la medida en que se puedan evitar todo ese tipo de transacciones que encarecen productos que podrían tener un precio inferior. La Superintendencia no actúa directamente en la economía, sino a través de recomendaciones.
Hay algunos casos en los cuales el efecto sí puede ser más inmediato. Por ejemplo, cualquiera de nosotros es usuario de teléfonos celulares. El año pasado se intentó una operación mayúscula en la que Claro pretendía comprar Digicel. El análisis que hizo la Superintendencia es que eso iba a provocar una concentración tan fuerte de pocos agentes económicos, y con uno en particular con un súper poder, que podría empezar a manejar precios de manera muy libre. No autorizar esa compra incentivó una rivalidad, una competencia entre dos empresas que ha provocado mejores promociones, teléfonos más baratos, recargas mucho más económicas. Y ese es un tipo de efecto que puede ser directo de parte de la Superintendencia.
¿Qué tipo de mercado tenemos?
Muy concentrado, sumamente concentrado.
¿Y la concentración es mala?
La concentración en sí misma no puede decirse que sea perjudicial. El problema es que la concentración facilita prácticas anticompetitivas. Todo lo que se aproxime a monopolio es perjudicial para la competencia.
Foto D1, Nelson Dueñas.
¿Cuáles son las formas de actuar de la superintendencia?
Hay tres principales. Una es la persecución y sanción de las prácticas anticompetitivas. Todas las formas de acuerdos entre competidores o entre agentes económicos que tienen como propósito fijar precios, cantidades de producción, repartirse el mercado, falsear las licitaciones públicas. Otra actividad muy importante es el control previo de las concentraciones económicas, el caso Claro-Digicel. Por ley, por obligación legal, toda operación de fusión, de concentración para ser más general, que lleve hacia la concentración de dos o más empresas, que sean independientes la una de la otra, y cuyos activos sobrepasen ciertas cantidades de dinero que son muy altas, hoy por hoy, y hemos planteado una reforma de ley pidiendo que se baje, tienen que ser autorizadas previamente por la Superintendencia, con el propósito de analizar si esa fusión va a mejorar o perjudicar las condiciones de mercado.
Y una tercera, es la de emitir opiniones, ya sea a petición de parte o de oficio, sobre proyectos de ley, ordenanzas municipales, bases de licitaciones públicas que de alguna manera pudieran perjudicar la competencia.
Están solicitando una consultoría sobre estudio de las condiciones de la televisión abierta. ¿No tienen estudios al respecto?
No lo tenemos. Y la verdad es que imposible tener un estudio de todos los mercados. No estamos hablando de un mercado, estamos hablando de los distintos sectores de la economía, subsectores de la economía y en algunos casos de determinados productos.
Desde que nació la Superintendencia, en 2006, se estableció una lista de sectores económicos o productos que debían de ser analizados precisamente para esto, porque la base de la posibilidad de actuar de la Superintendencia es el conocimiento de las condiciones de competencia, las condiciones de los mercados.
En el caso de la televisión abierta se hizo el último estudio en 2008-2009. Ya está desactualizado y se necesita mantenerlo actualizado, y es lo que se va hacer en estos momentos.
¿Por qué no tienen más estudios?
Porque no hay recursos material para hacerlos, ni en términos de personal ni de finanzas.
¿Qué buscan con este estudio?
En este en particular, poder pronunciarse desde el punto de vista técnico y no solo normativo como ya se hizo sobre la situación del mercado de televisión abierta o digital en razón de las concesiones que están solicitando y las que vayan hacerse en lo sucesivo. Este estudio no solo sirve para una actuación, sino obviamente queda para un período de tiempo.
¿Tiene que ver con la reciente polémica sobre concesiones de canales?
Sí, tiene que ver. Porque atender ese producto, ese servicio en particular, para la Superintendencia se dio a raíz de una solicitud que hizo SIGET(no con la cual Superintendenta sino con el superintendente anterior) que advirtió su preocupación sobre qué podía suceder en el mercado de televisión abierta en el supuesto de que se pudieran solicitar nuevas concesiones.
Así fue como nos involucramos en el punto y se emitió una opinión puramente normativa, es decir, de las leyes que regulan el tema de adjudicación de frecuencias. Quedó pendiente el conocimiento específico, ahí hay que ver cómo es la tecnología actual, qué concesiones están siendo utilizadas o no utilizadas y con qué nivel de eficiencia tecnológica, para que el Estado pueda disponer razonablemente de un bien que es sumamente escaso como es el espectro radioeléctrico.