Jaime Armando Arévalo y David Eduardo Parada, ambos peritos propuestos por la Fiscalía General de la República (FGR) manifestaron este lunes al juez Séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García, que no aceptaban el cargo porque desconocían el contenido de los puntos de pericia en el caso CEL-Enel.
Los dos ingenieros habían sido propuestos por la Fiscalía para esclarecer algunos puntos de la pericia financiero-contable que peritos de la Corte de Cuentas realizaron en el caso CEL-Enel, relacionados a las materias de geotermia, geofísica y valúo de proyectos y obras civiles.
A través de un documento, ambos ingenieros detallaron que luego de analizar los puntos de la pericia concluyeron que “solo podrán ser resueltos por un equipo de ingenieros electromecánicos que hayan operado y administrado plantas de generación de energía geotérmica y que tengan experiencia en la elaboración de valúo de dichas plantas”.
Entre los puntos de la pericia que la Fiscalía propuso a los ingenieros estaba determinar cuáles fueron los daños emergentes y económicos al Estado en la participación accionaria de Enel en LaGeo.
También pedía determinar cuáles eran los costos proyectados para los trabajos a realizar en la Fase I del acuerdo entre accionistas, entre estos, el valor real y de mercado y los costos pagados por dichos trabajos.
El 11 de noviembre de 2013, la Fiscalía planteó ante el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador que la responsabilidad civil en el caso CEL-Enel ascendía a un aproximado de $20 millones. Luego pasó a solicitar $2,107 millones como embargo preventivo en contra de todos los procesados.