Un enfrentamiento se ha desatado entre abogados representantes de algunas organizaciones especializadas en derecho y el juez que lleva el proceso judicial en contra del expresidente salvadoreño Francisco Flores (procesado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia). El punto de discordia se debe a que el juez declaró reserva total del expediente judicial.
Desde que se conoció que el caso del exmandatario se ventilaría en el Juzgado Primero de Instrucción, algunas instituciones no gubernamentales como Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se presentaron a los tribunales para servir como querellantes (oyentes y vigilantes del proceso).
En esa ocasión manifestaron que desconfiaban del juez de instrucción, Levis Italmir Orellana, porque tenía antecedentes de favorecer a personas acusadas por delitos de corrupción.
La primera decisión de Orellana fue que el público y la prensa ya no tuvieran acceso a información relacionada con el proceso judicial en contra de Flores. Ahora solo lo conocerán las partes del proceso: la Fiscalía y los abogados defensores del exmandatario.
El juez emitió un comunicado en el que justificaba su decisión. Argumentaba que la reserva del caso era con base a tratados internacionales y la misma Constitución de la República.
“El pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que: la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad y parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público y seguridad nacional…” esgrimió en una parte de su comunicado.
Esa decisión generó inconformidad entre los representantes de estas instituciones no gubernamentales y decidieron presentar un recurso de revocatoria que dejara sin efecto esa decisión.
Sin embargo, el juez declaró la petición improcedente por considerar que los representantes de ISD y FESPAD no son ni víctimas ni querellantes y, por lo tanto, no tiene derecho a ser parte del proceso.
También alegó que aunque la población no tenga acceso a la información del expediente, no le resta el carácter público al proceso, pues “las actuaciones son conocidas por las partes legalmente acreditadas (fiscales y abogados del caso)».
La presidenta de FESPAD, María Silvia Guillén, reconoció que la petición no la hicieron como querellantes. “Teníamos mucha conciencia de eso, pero nosotros creímos que el criterio del juez podía ampliarse y darnos la razón”.
“Para nosotros la resolución del juez era previsible porque siempre ha querido negar la posibilidad que nosotros conozcamos el caso. Es lamentable que actúe de esta forma ante un caso que debería ser el más público en la vida judicial de este país”, manifestó.
Para el presidente de ISD, Ramón Villalta, todos los criterios que el juez ha utilizado para decretar la reserva del caso no son validos jurídicamente.
“No cumple con el requisito esencial. En ningún momento se está poniendo en riesgo la seguridad moral ni personal del expresidente Flores y mucho menos se está poniendo en riesgo la seguridad nacional del país”, indicó.
Villalta aseguró que esta semana interpondrán un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque el juez ha “violado el derecho de acceso a información y a la verdad” que otorga el Código Penal en los procesos judiciales.
También explicó que están por inscribirse como querellantes y que, independientemente que sean aceptados, solicitarán que el caso pase a otro tribunal.
“La desconfianza con el juez la hemos tenido de antes y ahora mucho más con el procedimiento que está utilizando: pretender llevar un proceso a espaldas de la población”.
El abogado de ISD dijo que “creemos que aquí hubo una intención deliberada de la Fiscalía para presentar el caso ante la jueza primero de paz para que luego automáticamente pasara al primero de instrucción. Esto pone en duda todo el proceso”.