La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió este viernes una resolución en la cual legitima el trabajo de la comisión especial que investiga la supuesta corrupción en la firma del contrato entre la nacional CEL y la empresa italiana Enel.
Según los magistrados de la Sala, la demanda no tiene suficientes argumentos y son “simples opiniones o discrepancias personales”.
El demandante, Oscar Armando Hernández, señalaba que la Asamblea Legislativa había excedido en sus competencias constitucionales y estaba realizando acciones que le competen únicamente a tribunales.
La comisión especial para investigar el contrato entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y Enel Green Power, fue creada por la Asamblea en febrero de 2013.
El contrato establece que los italianos tendrán derecho a un parque mayoritario de acciones en LaGeo, quien se encarga de la explotación de energía geotérmica en el país
El 10 de enero de 2013, un tribunal de apelaciones de Francia dejó en firme un laudo arbitral que estableció que se debe permitir la capitalización de Enel en LaGeo.
Sin embargo, la Fiscalía consideró que ese contrato era ilegal y en noviembre de 2013 acusó a los exfuncionarios de CEL por el delito de peculado.
Por otra parte, la Sala admitió una demanda de inconstitucionalidad contra una reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que les permite iniciar procesos de antejuicio sin la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los demandantes argumentaron que los artículos reformados facultan a la Asamblea realizar juicios en contra de funcionarios públicos, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) haya presentado requerimiento para judicializar los casos. Para ellos, eso violaría el artículo 236 de la Constitución.
Fragmento de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional que avala la comisión que investiga caso CEL-Enel.