El Salvador
viernes 15 de noviembre de 2024

El Salvador pide perdón ante CIDH por niños desaparecidos en guerra

por Redacción


En la CIDH los testimonios de José Aristides Bonilla, hermano del niño desaparecido Manuel Antonio Bonilla, y el de María Rochac, quien fuera hermana del desaparecido José Adrián Rochac, fueron escuchados por los jueces.

Desde la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ubicada en Costa Rica, El Salvador pidió perdón por la desaparición forzada de niños en la guerra civil.

De voz de la directora general de Derechos Humanos, Tania Camila Rosa, el Estado aceptó ser responsable de las desapariciones forzadas de los niños de los niños José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla Osorio, Ricardo Ayala Abarca y Emelinda Lorena Hernández.

La representante salvadoreña dijo que estas desapariciones continúan siendo la «causa de un profundo sufrimiento para muchas familias».

«El Estado expresa a los familiares de los niños (…) un sincero pedido de perdón porque en el pasado el Estado alegó la inexistencia de estos hechos que formaron parte de un padrón de violencia que tuvo lugar en El Salvador durante el pasado conflicto armado entre 1980 y 1991», declaró Rosa.

«El Estado ha reconocido los hechos objeto de esta audiencia y además ha reconocido su obligación de garantizar los derechos que corresponden a las víctimas» y «expresa su firme compromiso de avanzar en las acciones necesarias para que gocen plenamente de los derechos de los que son titulares», dijo

En la CIDH los testimonios de José Aristides Bonilla, hermano del niño desaparecido Manuel Antonio Bonilla, y el de María Rochac, quien fuera hermana del desaparecido José Adrián Rochac, fueron escuchados por los jueces.

Sin embargo, ambos dejaron claro que la única forma en la que el Estado pueda repararles la pérdida es dando con el paradero de sus hermanos, para poder reencontrarse con ellos.

Frente a la corte, encabezada por el juez colombiano Manuel Sierra Porto, Rosa expresó su “firme compromiso de avanzar en las acciones necesarias para que gocen plenamente de los derechos de los que son titulares”.

«El Estado ha reconocido los hechos objeto de esta audiencia y además ha reconocido su obligación de garantizar los derechos que corresponden a las víctimas», manifestó.

La CIDH dio un plazo de un mes para que las partes entreguen sus alegatos finales escritos y a partir de allí analizará la posibilidad de dictar una sentencia.