El debate mundial en torno a la regulación en el uso drones ha llegado en El Salvador, pese a que en el país ya operan. Desde operaciones militares, vigilancia de fronteras o el acceso a información privada de teléfonos celulares, la revolución tecnológica que estos artefactos han traído tiene una contradicción fundamental: no existe ninguna ley que regule sus más variados usos.
Al respecto, el Director Ejecutivo de Aviación Civil, Roger Menéndez, dijo que era inevitable el arribo a El Salvador de esta nueva tecnología y están esperando cómo se desarrollará la demanda de estos artículos para presentar una legislación. Se espera que las investigaciones se inicien pronto, amparadas en los incipientes reglamentos de países como Estados Unidos.
“Por el momento nosotros no estamos desarrollando ninguna normativa. Ahorita estamos preocupados porque los periódicos ya lo están utilizando, aunque sean de poco alcance. Inclusive, entiendo, según una investigación que seguimos, que no asciendan a más de trescientos metros”, sostuvo.
La institución está tomando como punto de partida un compendio de la Agencia Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), del año pasado, con las investigaciones más importantes realizadas hasta ahora.
Cuentan también con una circular de la Organización de Aviación Civil Internacional que aporta reglas básicas para normar el ingreso e integración de estos sistemas en otros países.
Además de los mencionados, la Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene drones del tamaño de un avión comercial ubicados en la base de Comalapa, los cuales surcan los mares salvadoreños en operaciones de combate al narcotráfico. En algunas zonas han logrado detener el flujo de embarcaciones, aeronaves y submarinos que transportan droga mar adentro.
Menéndez expresó que, en la elaboración de una ley, a Aviación Civil solamente le correspondería vigilar y normar el cumplimiento de los requisitos técnicos que aseguren el funcionamiento apropiado de aeronaves con fines comerciales y privados.
“Nosotros entramos en materia de regulación de aviación comercial y general de aeronaves para el transporte de personas, carga, correo y para el uso de aviación de personas que tienen aeronaves propias. Hasta ahí llegaría nuestra competencia”, comenta. La ley de aeronáutica tiene 13 años de haber entrado en vigencia y no se ha incorporado ninguna modificación sobre uso de drones.
“Le voy a poner un ejemplo: cuando el Registro de la Propiedad necesita hacer levantamientos sobre terrenos para ver la geografía del país, ellos alquilan un avión con cámaras, a veces hasta infrarrojas. De hecho el MARN está haciendo un levantamiento climatológico con una aeronave que tiene unas cámaras para hacer tomas en tercera dimensión. Nosotros regulamos el uso del avión. El equipo que lleva ya no es nuestra competencia” añadió.
Otra de las competencias de la institución sería evaluar si la persona que opere un drone estaría profesionalmente capacitada para hacerlo.
Ante el vacío legal, los diarios nacionales que se valen de esta tecnología no tienen ninguna restricción para operar sus drones. No están obligados a inscribirlos ante Aviación Civil porque, según Menéndez, no son aeronaves, por lo que se pueden adquirir libremente.
“Ellos lo compraron como que vas a un negocio de aparatos electrónicos y comprás un avión a control remoto. Incluso, podés introducirle cámaras y otros artefactos porque no existen restricciones”, manifestó Menéndez.
Esto también genera otro debate de gran importancia: cómo establecer los límites entre el derecho a la libertad de prensa y posibles violaciones de la privacidad de las personas. La preocupación central del titular de Aviación Civil es que estos aparatos vuelan en áreas densamente pobladas, como San Salvador. En Estados Unidos este es un aspecto que ya está regulado en algunos estados.
Roger Menéndez considera que para resolver estos y otros problemas relacionados con el uso de drones en el país, se necesita una ley en cuya formulación intervengan también, al menos tres instituciones: la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil e incluso el Organismo de Inteligencia del Estado.
“Repito: a nosotros nos correspondería regular cómo se conducirán y la seguridad de estos aparatos para que no dañen a terceros. Pero normar el equipo que estos tienen en su interior, como los tipos y alcance de lentes y micrófonos, la conexión que puedan tener a redes wifi, no son competencias nuestras. Por eso decimos que sería un trabajo conjunto que no se ha iniciado”, recalcó.
Un rezago mundial en regulación de drones
En 2013, Estados Unidos introdujo normativas sobre el uso de drones en 42 estados y los ocho restantes tienen leyes promulgadas. Para la mayor parte de este marco legal, se requiere que la policía obtenga un mandato de registro antes de utilizarlos. Estas autorizaciones son válidas para servicio público o esparcimiento. El uso comercial solo es permitido por la FAA.
En el país norteamericano el uso de estos artefactos no ha estado exento de polémica. Según El País de España, la Unión Americana de Libertades Civiles denunció que la policía de Nueva York filmó, con cámara de visión nocturna ubicada en un helicóptero, a una pareja haciendo el amor en la terraza de su casa. Para esta institución situaciones similares se podrían dar si no hay una regulación clara.
Se espera que para 2015 se autorice en EE. UU. el despliegue de drones manejados por entidades privadas, esto en el marco de que no existe en ninguna parte del mundo un tratado para su regulación.