El hallazgo de 213 granadas de uso privativo del Ejército en octubre de 2013 hubiesen tenido como destino final organizaciones internacionales de narcotráfico, sin descartar a los Zetas, así lo confirmó esta mañana Rodolfo Delgado Montes, jefe de unidad especializada de delitos del crimen organizado de la Fiscalía General de la República (FGR).
De hecho, las primeras investigaciones arrojan que 15 días antes del hallazgo hecho por la policía en el kilómetro 59 de El Congo, jurisdicción de Coatepeque, Santa Ana, varios vehículos con placas guatemaltecas habrían sido vistas en la propiedad donde se escondía el armamento.
La Fiscalía aseguró que estas personas de origen guatemalteco habrían intentado buscar en la propiedad el armamento, sin tener éxito y esto habría activado las alertas de las autoridades para iniciar una investigación en el inmueble donde el mayor Elmer Espinoza Hércules habría ocultado en una bodega las 213 granadas que habían sido sustraídas del Ejército en enero de 2009.
De igual forma, la Fiscalía aseguró que dentro de la investigaciones han determinado que el mayor Espinoza Hércules, quien fungía como explosivista en el Comando de Ingeniería de la Fuerza Armada, es el principal responsable de haber sustraído las granadas. En este sentido, su trabajo consistía en destruir armamento del Ejército que se encontraba obsoleto o en desuso.
Sin embargo, el oficial habría ocupado este cargo para sacar el armamento que luego sería vendido en el mercado negro con un costo aproximado de entre $400 y $500 cada granada. El cargamento total podría rondar los $100 mil.
Las indagaciones estiman que las 213 granadas pertenecían a 18 lotes de armamento de la Fuerza Armada. Según los registros de la institución castrense, 16 de estos lotes están inventariados como armamento que habría sido destruido. Sin embargo, Espinoza Hércules habría sacado estos 16 lotes de granadas ocultas en un camión cargado con arena, la que habría amortiguado el movimiento para evitar una posible explosión.
Las granadas fueron trasladadas hacia el inmueble ubicado en El Congo, donde días atrás dos personas habrían ayudado a Espinoza Hércules a construir una bóveda para almacenar el armamento. El mayor habría dado instrucciones a dos empleados para construir una pila de cemento que cubriera el compartimiento.
Cada uno de los colaboradores del oficial ganaba $350 dólares y ninguno estaba relacionado a la institución castrense. El primero de ellos fue identificado como Manuel de Jesús Ayala Quirós, quien habría sido contratado para instalar un taller de estructuras metálicas en el inmueble. Sin embargo, nunca habrían desempeñado esta actividad y se dedicaba a la construcción de compartimientos ocultos en vehículos.
La policía hizo una primera indagación el pasado 4 de febrero de 2010 en el inmueble. En esa ocasión, encontraron 4 granadas de humo y giraron una orden de captura para Ayala Quirós, quien huyó y aún se encuentra prófugo de la justicia.
Sobre el segundo colaborador, la Fiscalía desistió profundizar, sin asegurar que fuese un testigo criteriado para este caso.
Por su parte, Espinoza Hércules para esa fecha aún se encontraba activo en las Fuerza Armada, sin embargo, a raíz de este hallazgo habría abandonado su servicio militar y desde entonces no ha sido visto de nuevo.
Desde esa ocasión, las autoriades se habían mantenido pendientes de este inmueble, hasta que por fin fueron ubicadas las 213 granadas antitanque de 90 milímetros, las cuales cuentan sus cargas explosivas en excelente estado.
Este día, la FGR presentó el requerimiento ante el Juzgado de Paz de Cojutepeque contra el mayor Elmer Espinoza Hércules, a quien se acusa de ser el responsable de las 213 granadas. «En las próximas horas, se hará efectiva la difusión roja en su contra en la Interpol, por el delito de tenencia, conducción o portación de armas de guerra», dijo el Delgado.
Más casos
El mes de octubre de 2013, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a cinco militares vinculados con la venta de granadas de uso privativo del Ejército. Entre los condenados, se encontraba el sargento mayor Gilberto Espinoza Hércules, hermano del ahora imputado por la FGR, a quien le dieron siete años por agrupaciones ilícitas.
En esa ocasión, se vinculó a Gilberto Espinoza Hércules, quien también trabajaba como explosivista en el Comando de Ingeniería de la Fuerza Armada. Fue así que el 26 de abril de 2011 fueron encontradas en a hacienda El Ángel, en Tapalhuaca (La Paz) 1,812 granadas M-67, las cuales estaban destinadas a ser destruidas, debido a que había finalizado su vida útil.
Pese a que la Fiscalía aún no encuentra un vínculo además del parentesco con ambos casos, no descarta que haya más elementos del Ejército vinculados con ambos casos, ya que aseguran es difícil que trabajen de manera individual en un caso tan complejo sobre todo para ocultar el armamento y sacarlo de la institución castrense.