La tarde del sábado 13 de marzo de 2013, Irma Cartagena llegó a la universidad para recibir sus clases. Afuera del campus se encontró con su amigo Juan Alarcón e iniciaron una amena plática.
De pronto, un hombre robusto de unos 30 años de edad se le acercó a Irma. Se presentó como trabajador de la compañía telefónica Tigo y le ofreció un plan que consistía en pagar 10 dólares mensuales por el tiempo de doce meses. A cambio recibiría un teléfono marca Blackberry, modelo 9810, con diez dólares de saldo incluido.
A Irma le gustó la propuesta y se interesó en el celular. Le preguntó al vendedor cuáles eran los requisitos para adquirir el plan. González le dijo que sencillamente le debía proporcionar el Documento Único de Identidad (DUI), el Documento de Identidad Tributaria (NIT) y el taco del Seguro Social vigente.
Irma le prestó los documentos originales y en seguida llenó una fotocopia de una solicitud, supuestamente de la empresa Tigo.
El supuesto vendedor no estaba solo. Dos mujeres, una de aproximadamente 25 años de edad y otra de 30, lo acompañaban. Ambas vestían una camisa azul con el logo de la empresa Tigo al frente de la prenda.
González le manifestó a Irma que se llevaría los documentos originales a una fotocopiadora y le prometió que se los iba a llevar inmediatamente tuviera las copias.
La víctima confió en González y le entregó sus documentos. Luego ingresó a la universidad para recibir la clase que le correspondía. Irma comenzó a inquietarse cuando observó que habían pasado veinte minutos y el supuesto vendedor no regresaba a dejar los documentos.
Entonces le llamó al número de celular que González le había proporcionado y este le dijo que se encontraba en la empresa Tigo, realizando el trámite, para sacar el teléfono de una sola vez. Le pidió que esperara unos minutos más.
Irma salió de su clase a las 4 de la tarde. Volvió a llamar a González, pero éste ya había apagado su celular. Todas las llamadas transferían al buzón de voz. Entonces le pareció que el trámite no era legal y decidió trasladarse a su trabajo.
La victima tiene 29 años de edad y trabaja como policía desde hace varios años en la Subdelegación de Monserrat, ubicada en la Avenida Peralta en San Salvador. Ese mismo día interpuso una denuncia por el hurto de documentos personales en la oficina de la delegación donde labora.
Un mes después de haber interpuesto la denuncia, su amigo Juan Alarcón le llamó para informarle que los tres sujetos que le habían hurtado sus documentos personales habían sido detenidos en flagrancia por delitos de estafa y usos de documentos.
La detención se había efectuado en un almacén ubicado en el Centro Comercial San Luis de San Salvador.
Al siguiente día, Irma se llevó una sorpresa cuando llegó a su trabajo y observó que en las bartolinas se encontraban las dos mujeres que acompañaban el supuesto vendedor el día que le hurtaron sus documentos.
Luego se trasladó a la bartolina donde se encontraban los hombres y descubrió que ahí estaba José González. Se dirigió al libro de registros y observó que el verdadero nombre del victimario era José Antonio Martínez.
También se enteró de que los nombres de las mujeres eran Jammy Cabrera y María Flores. Cuando Irma constató los delitos por los cuáles habían sido detenidos los imputados, le pareció que debía de preguntar a los centros comerciales donde anteriormente había tenido crédito.
El primer almacén que visitó le dijeron que una persona de sexo femenino había presentado los documentos y tramitó créditos para adquirir electrodomésticos. Ella pidió más información y no le quisieron dar mayor detalle al respecto.
Según el informe de la Fiscalía General de la República (FGR), el 20 de abril las imputadas sacaron al crédito una lavadora y un televisor Sony, por un monto de 1,168 dólares.
Luego Irma se trasladó a otro almacén y también le informaron que días atrás habían sacado dos equipos de sonido, una cámara y un televisor marca Sony valorado en más de 3 mil dólares.
El expediente de la FGR cuenta con el testimonio del Ejecutivo de Ventas de un almacén donde ambas mujeres habrían solicitado los electrodomésticos al crédito a nombre de Irma.
Sin embargo, el modo de operar de los presuntos estafadores es incierto. Se desconoce cómo hacían para solicitar electrodomésticos sólo con los documentos de identidad de Irma.
Diario1 llamó a uno de los almacenes que se mencionan en el expediente judicial para constatar si se puede hacer algún trámite sólo con los documentos de una persona. La respuesta del vendedor fue negativa: se debe presentar la persona que comprará el electrodoméstico.
La FGR ha acusado a los victimarios por el delito de estafa, la infracción es de dos a cinco años de cárcel si la defraudación es mayor a los 200 colones.
“El delito estafa surge a partir del engaño por parte de los imputados, cuando se presentan como empleados de Tigo, se llevan los documentos y los utilizan para comprar al crédito electrodomésticos en casas comerciales”, indica el expediente fiscal.
Actualmente, los imputados continúan detenidos esperando la fase de instrucción en donde la FGR aportará las pruebas recabadas.