Dentro del Plan Casa Segura que está llevando la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el momento, han verificado 6,216 casas; dentro de estas, se han descubierto unas 238 viviendas con conexiones ilegales de agua. Aunque la cifra podría ser alarmante, los datos de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) son mucho más elevados.
Según las estimaciones de la gerencia comercial de la autónoma, la cifra de conexiones irregulares en el país suma más de 30,000 en todo el territorio nacional. Guillermo Carías, gerente comercial de ANDA, explicó a Diario1.com que estas irregularidades son todas aquellas mechas que tienen problema dentro de su lógica de pago o su estatus.
“En el caso de estas 30,000 son mechas que se han suspendido por problemas de mora y que vienen los usurpadores de esta propiedades y se vuelven a conectar. Cuando ANDA quiere ir a suspender el servicio se encuentra con que es una zona donde ni siquiera la policía puede entrar”, agrega el funcionario.
Y es que el problema de las propiedades usurpadas no solo afecta a las instituciones financieras propietarias de las viviendas, sino también se ven involucradas las empresas distribuidoras de energía eléctrica, las telefonías, las compañías de cable y ANDA. Es por eso que dentro del Plan Casa Segura que lleva a cabo la PNC, estas instituciones se vinculan de lleno para buscar la regularización de los servicios.
Carías, además, estima que del total de estas conexiones irregulares un 5%; es decir, unas 1,500 viviendas son casas destroyer o son utilizadas para cometer ilícitos. En este sentido, buscar la regularización de estas conexiones es casi imposible. “Como ANDA, no podemos formalizar una acometida de agua sobre alguien que en realidad tiene una lista de delitos y en el momento que uno los aborda ahí salen huyendo”, manifestó Carías.
Sin embargo, el 95% restante de las conexiones irregulares son familias de escasos recursos o familiares de pandilleros que han usurpado las viviendas. “En este tipo de casos, no solamente es el marero que está en un casa destroyer va a vivir ahí, sino que jala a su familia y la lleva al lugar. La actividad de él es otra, pero en esa casa sí existen personas que sí están luchando por salir adelante. El otro caso son personas de escasos recursos que se quedaron sin hogar, pero han sentido una especie de alivio en estas casas que estaban abandonadas”, agregó.
Con estas familias, lo que se busca es llegar a un acuerdo para que normalicen su situación. Agrega que uno de los primeros requisitos para tener el servicio de ANDA es tener la propiedad del inmueble, entonces los usurpadores deben demostrar su interés en regularizar también su situación con el propietario de la vivienda, ya sea una institución financiera, el Fondo Social para la Vivienda o un propietario privado. Luego de iniciar este proceso, puede acercarse a la autónoma para formalizar su situación con el servicio de agua potable.
En búsqueda de conexiones legales
Por su parte, Julio Ayala, jefe del departamento de mora institucional, informó que en los primeros hallazgos que ha tenido el Plan Casa Segura, la policía debe llevar un proceso judicial en contra de las personas que han usurpado las viviendas y que a su vez han hurtado el servicio de ANDA. Además, agregó que estas 238 conexiones que se han encontrado aún se encuentran con servicio, debido a que es proceso que debe seguirse hasta las instancias fiscales.
“Todavía no se ha hecho una acción de suspensión ni nada porque solamente son datos que ha manejado la policía y solo han notificado a la Fiscalía. Este es un proceso y en algún momento cuando llegue a instancias judiciales ya con juez y todo, entonces ya se van a emplazar a las instituciones”, explicó Ayala.
Además, debido a que ha habido capturas habría que verificar que no solo se les impute el delito de usurpación sino también el delito de hurto.
Ayala agregó que para evitar que se llegue a estas instancias, dentro del equipo interinstitucional que se conformó con la policía y los afectados dentro del Plan Casa Segura, se están realizando algunas actividades de promoción y fomento de regularización con una especie de ferias en zonas consideradas de alto riesgo.
Hasta el momento, se han realizado cuatro actividades, donde se invita a los ciudadanos a que se acerquen a los estantes de las instituciones como ANDA, las distribuidoras de energía, empresas de cable, telefónicas y otras, donde se informa qué deben hacer para legalizar sus servicios. Ayala informó que incluso, hay personas que han comenzado a acercarse directamente a la institución a regularizar su servicio, antes de que el Plan Casa Segura llegue a sus comunidades.
Según estimaciones de la autónoma, ANDA pierde unos 80 millones al año por el agua no facturada, ya sea por conexiones ilegales o por malas lecturas de contadores. Para mejorar esta situación, desde 2013 se utiliza un sistema llamado handhelds. Este moderno sistema captura la señal de satélite a través de Google Maps, ubica el inmueble a supervisar, hasta que indica su lectura.
La georeferenciación que utiliza muestra cada una de las mechas de agua adscritas a ANDA e identifica las que no están reguladas. Con este tipo de tecnología identificar las más de 30,000 viviendas con conexiones ilegales ha sido más fácil, el reto será regularizarlas.