La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ordenó este miércoles a la Fiscalía General de la República, investigar una masacre colectiva ocurrida el 25 de julio de 1981, por supuestos miembros de los escuadrones de la muerte, de la Fuerza Armada de El Salvador y de la Guardia Nacional, en la comunidad San Francisco Angulo, del municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente.
Por derecho a la verdad de lo que ocurrió ese día en esta comunidad, la Sala de lo Constitucional declara ha lugar el amparo solicitado por Medardo Mijango González, Rafael Arcángel Baires, Claudio Reyes Avilés, Salvador Rodríguez Marín, Jesús Arias, María Elvira Rodríguez Martínez, Ignacio Geovanny Ábrego Moreno, Eusebia Mirna Martínez Turcios, Ana Miriam Ábrego Moreno, Higinio Ponce Ruiz, Ina de los Ángeles Arias de Rodríguez, Miguel Romero Romero y Blanca Nohemy Alvarado, contra el Fiscal General de la República, por la vulneración de sus derechos a la protección jurisdiccional a conocer la verdad.
Los sobrevivientes del homicidio colectivo ocurrido en el cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, el 25 de julio de 1981, declararon ante la Fiscalía, que el ataque fue perpetrado por un grupo de aproximadamente 20 hombres armados con fusiles de asalto, quienes fueron identificados como miembros de los escuadrones de la muerte, de la Fuerza Armada de El Salvador, de la defensa civil y de la comandancia de la Guardia Nacional de Tecoluca, siendo el jefe en dicha ciudad una persona a quien identifican como “sargento Ramos”.
En la resolución, se ordena al Fiscal General de la República que efectúe dentro de un plazo razonable, una investigación seria, exhaustiva, diligente y concluyente, con el fin de esclarecer la verdad del homicidio colectivo y que, en el caso de que a su criterio, se haya cometido algún delito, ejerza de inmediato la acción penal; además, deberá dar a conocer públicamente los resultados de la investigación sobre el homicidio colectivo aludido y, en caso de ejercer la acción penal, deberá informar públicamente los resultados del proceso penal.
Durante la realización de las excavaciones se encontraron 30 osamentas y posteriormente, el 28 de febrero del 2006, dichas diligencias se suspendieron, pues no fue posible localizar otros restos humanos por falta de equipo tecnológico idóneo, así como por la desorientación de los testigos por el cambio de la topografía a través del tiempo.
En ese lugar se presume que hay al menos otros quince cuerpos que aún no han sido recuperados.