domingo 27 de octubre del 2024

Sala ordena que no se traspasen acciones a italianos

por Redacción


La medida rige mientras los miembros de la Sala de lo Contencioso Administrativo resuelve una demanda presentada por un abogado particular para desarticular la entrega de la geotermia estatal a inversionistas italianos.

La Sala de lo Contencioso Administrativo ordenó a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que se abstenga de traspasarle más acciones de la geotermia estatal a los empresarios italianos de ENEL.

Esa decisión la notificaron el sábado después de admitir una demanda contenciosa administrativa contra la CEL por haberse entregado patrimonio del Estado a un grupo de italianos durante la presidencia de Guillermo Sol Bang, a principios del año pasado.

La demanda que frena cualquier traslado de acciones de LAGEO a los italianos fue interpuesta por el abogado Francisco José Fermán.

La Sala le da 48 horas a los abogados de la CEL para que expliquen cómo fue que se hizo una negociación con empresarios italianos a principios del año 2000, durante la administración de Francisco Flores.

También los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativa  emplazan a ENEL, una sociedad controlada desde Italia, que explique cómo obtuvieron acciones de una empresa pública como La Geo.

El caso CEL- ENEL también mantiene abierto un expediente penal contra varios exfuncionarios de la administración de Francisco Flores. Entre ellos, el expresidente de la CEL, Guillermo Sol Bang y el exministro de economía, Miguel Lacayo.

Todos ellos están acusados de peculado y otros delitos menores; el caso se conoce, en la actualidad, en una fase de instrucción penal.

Los italianos poseen el 36% de las acciones de La Geo, pero pretenden que se les entregue el 53%para convertirse en socios mayoritarios de la geotermia estatal.

Ahora se increpa penalmente la forma en que los italianos llegaron a obtener el porcentaje que ahora ostentan.

Se convirtieron en socios estratégicos de la empresa de geotermia estatal mediante una licitación pública que ahora se cataloga como amañada.

La Sala de lo Contencioso Administrativo no solo abrió espacio para conocer posibles violaciones a las leyes y la Constitución Política a la hora de entregar parte de un patrimonio estatal, sino que también ordenó (mientras conoce el fondo de la demanda) que no se le trasladen más acciones a los italianos.