El exministro de Economía Miguel Lacayo Argüello llegó puntual este viernes al Juzgado Séptimo de Instrucción, para firmar el libro de asistencia y para entregar los 25 mil dólares de fianza que le impuso la titular del Juzgado Séptimo de Paz, por no presentarse a la intimación y mucho menos a la audiencia inicial.
El exfuncionario llegó a las ocho de la mañana al Centro Judicial Isidro Menéndez y estuvo por un período de diez minutos y abandonó rápidamente las instalaciones. Se hizo acompañar de su apoderado legal Arturo Muyshondt.
Este día los nueve exfuncionario de la administracon del expresidente de la República Francisco Flores, de La Geo y CEL, que encaran cargos penales por peculado en perjuicio del Estado, con la empresa de geotermia estatal, tienen que presentarse a firmar un libro de asistencia, como una medida colateral a la detención provisional, mientras el caso se ventila en una instancia superior.
La jueza Séptima de Paz, Evelyn del Carmen Jiménez de Solís, al final de la audiencia inicial determinó que los acusados tienen suficientes arraigos familiares y de empresas, por lo que no existe peligro de fuga. Por esta razón, les dictaron medidas alternas como presentarse cada quince días a firmar al tribunal, no salir del país, no visitar a los testigos y no cambiar de domicilio, entre otros.
Estas medidas se les aplicara el exministro de Economía, Miguel Ernesto Lacayo Argüello; el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang; el expresidente de Gesal hoy La Geo, Jorge Simán Zablah; el exdirectivo de ENEL, José Vicente Machado Calderón; y el exdirectivo de La Geo, José Ricardo Palomo Déneke.
Así también los exdirectivos de la CEL y La Geo, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Tom Roy Hawk Baker.
Antes de emitir su fallo, la jueza Evelyn del Carmen Jiménez de Solís hizo mención a todas las pruebas que la Fiscalía General de la República enfatizaba para llevar a prisión a los investigados y, entre otras cosas, dijo que “la adecuación típica que se atribuye a los imputados en esta etapa del proceso puede estar en crisis, pero como lo establece nuestra normativa procesal penal vigente y para no anular la acción punitiva del Estado, es que considero que ellos tienen que pasar a la siguiente fase”.
Por otra parte, aceptó la petición de la Fiscalía General de la República de exonerar de cargos por complicidad a Óscar Armando Valdez UIraheta, Roger Martin Aviles Iraheta, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christipher Selva Breyel, José Agustín Javier Gasteazoro Escolán, José Antonio Rodríguez Rivas, Porfirio Diaz Fuentes, José Vicente Machado Calderón, José Danilo Julio Martínez Martínez y Paolo Pietrogrande.
También, se beneficiaron Benjamín Valdez Iraheta y Carmen Antonia Paredes Lazo. Ambos son notarios y habrían colaborado registrando documentos que facilitaron las irregularidades en el contrato CEL-ENEL.
Sobre los embargos decretados a todos los imputados determinó a lugar, sin perjuicio de que sea decretado posteriormente.
El caso CEL-ENEL se refiere al hecho de que, en el año 2002, el gobierno de Francisco Flores decidió buscar un “socio estratégico” para la empresa de geotermia estatal mediante un procedimiento poco claro que ahora deberá juzgarse en los tribunales.
Ese proceso le permitió a la transnacional italiana ENEL alzarse, hasta ahora, con el 36 % de una empresa pública que vale más de $1,100 millones, a cambio de una supuesta inversión de $120 millones.
Con ese dinero, los italianos pretenden que el Estado les dé el 53 % de las acciones de La Geo, la empresa estatal de geotermia.
Para que eso ocurra, el Estado tendría que entregarles un 17 % de acciones restantes a las que poseen, gestión que el presidente Mauricio Funes dijo no estar dispuesto a cumplir.
El pasado sábado la Sala de lo Contencioso Administrativo ordenó a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que se abstenga de traspasarle más acciones de la geotermia estatal a los empresarios italianos de ENEL, mientras se determina la nulidad del contrato entre CEL-ENEL.
Parte de lo que debe examinarse, penalmente, en los próximos meses es si realmente existió peculado en esas negociaciones financieras y técnicas que convirtieron a inversionistas italianos en socios de la geotermia estatal.