La pobreza se reproduce de una generación a otra, constituyendo un círculo vicioso del cual es muy difícil salir para la mayoría de personas, asegura el Informe sobre Desarrollo Humano 2013. Imaginar un nuevo país, presentado este martes 19 en San Salvador.
Un niño nacido en un hogar donde la madre no ha recibido educación tiene 4.7 veces más posibilidades de morir antes de cumplir los 5 años de edad, que otro niño cuya madre cursó el bachillerato, revela el documento.
De igual manera, la probabilidad de ser un adulto pobre es 40% mayor para niños y niñas si la madre sólo tuvo educación primaria frente a otra que terminó su bachillerato; y un niño que vive en una casa con una carencia material puede acumular hasta 3 años menos de estudio que otro que no las padece, indica el documento del PNUD.
En cuanto a la educación, utilizando cifras oficiales, el informe pone de relieve que de cada 100 niños que asisten a la escuela 20 van a un centro privado y el 80 restante a un centro público, donde la calidad educativa y los recursos para la enseñanza son inferiores.
Sostiene el documento que la brecha educativa sigue siendo muy alta, puesto que el 10% más pobre de la población apenas ha completado 3 años de escolaridad, en contraste con los 10 años promedio del 10% de mayores ingresos.
Todas estas limitaciones tienen un efecto nefasto en el mercado laboral, en donde 7 de cada 10 personas económicamente activas ni siquiera han concluido la educación media, lo que tiene repercusiones en términos de la productividad que se genera y del salario que se recibe, produciendo a menudo en las personas incertidumbre e insatisfacción.
En este sentido, los que se ven más afectados son los jóvenes. El informe revela que este sector tiene una saturación entre desocupados, subempleados, trabajadores no calificados y sub-utilizados por competencias. Únicamente el 52% de los jóvenes participa en los mercados de trabajo.
En el caso de las mujeres, el país ha experimentado un avance a paso lento, ya que entre 1992 y 2012 su participación en el mercado laboral pasó del 41% al 48%. Sin embargo, las brechas salariales siguen abiertas: las mujeres que tienen entre 8 y 9 años de estudio ganan el 30% menos que los hombres con la misma preparación, mientras que el salario promedio de las mujeres a nivel global equivale al 80% respecto al salario promedio de los hombres.
Asimismo, el informe constata que también existen grandes diferencias en las posibilidades que las personas tienen de mejorar sus condiciones de vida y progresar en el país. Tal es el caso de la población rural, en donde la proporción de viviendas con carencias (92%) es mayor que la de los habitantes de la zona urbana (42 %), pero las posibilidades de mejorarlas son menores para aquellos.
Las propuestas
El informe hace tres propuestas concretas orientadas a lo político-cultural, lo social y lo económico. El primero de los ejes buscaría crear una política de construcción de identidades y consensos, que pasan por un pacto nacional por la seguridad y la convivencia ciudadana, así como un acuerdo nacional para el desarrollo y el pleno empleo.
El segundo eje buscaría crear una política social productiva diseñada para potenciar los talentos de las personas (inteligencia y habilidad social y física) y crear los mecanismos necesarios, aplicados principalmente durante la infancia y la juventud, para que estos puedan aprovecharse.
Esta política social pondría un énfasis especial en el acceso de las personas a una vivienda y un hábitat digno, que supere las carencias que experimenta un 58 % de los hogares (que equivale a unas 944 mil familias).
Dentro de la política social productiva, el informe también sugiere la puesta en marcha de un pacto nacional por la educación que, permita universalizar el acceso a educación de calidad desde el preescolar hasta el bachillerato y vincular la educación con el mercado laboral.
Algunas medidas concretas que se incluirían dentro de este Pacto serían: la revalorización de la profesión docente, la ampliación de la infraestructura educativa a los diferentes niveles, la extensión de la jornada educativa a 8 horas diarias, la homogeneización del calendario educativo con el de los países del hemisferio norte y la universalización de la enseñanza de la computación y el inglés.
Financieramente, la puesta en marcha del pacto nacional por la educación requeriría que se destine no menos del equivalente al 6% del PIB (alrededor del 20% del presupuesto nacional) a educación pública.
El tercer eje pretendería la creación de una política económica inclusiva guiada por objetivos y metas humanas, en donde tienen preeminencia el pleno empleo, la cohesión social y el mejoramiento progresivo de la productividad y los salarios reales.
Esta política pretendería la erradicación del desempleo, el subempleo y el empleo informal; la plena incorporación de las mujeres al mercado laboral sin ningún tipo de discriminación; y el aumento sostenido de la productividad y los salarios reales.