El ataque a una patrulla del Sistema de Emergencia 911, en Cuscatancingo, donde un policía perdió la vida y otro resultó herido de gravedad, fue el detonante para que el ministro de Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, saliera al paso y exigiera la reforma propuesta al Código Procesal Penal, para blindar a los agentes y efectivos militares que en el cumplimiento del deber matan a delincuentes.
El funcionario espera que los diputados de la Asamblea Legislativa den el paso este jueves y con dispensa de trámite, aprueben la reforma para que de esta forma se proteja jurídicamente a policías y soldados que participan en tiroteos, donde hieren o matan personas en el desempeño de su trabajo.
Sin la reforma, los efectivos tienen que enfrentar a la justicia a veces en prisión y en medio de delincuentes, mientras la Fiscalía General de la República hace las indagaciones del caso, acción que es criticada por parte de la población que es víctima de la delincuencia.
El documento fue presentado el pasado 23 de octubre y se presume que el titular tiene el apoyo de todas las fracciones representadas en la Asamblea Legislativa. Esta propuesta surge en el momento en que hay un aumento de enfrentamientos entre elementos de seguridad y supuestos delincuentes.
Tres artículos del Código Procesal Penal serían reformados y uno agregado si los diputados aprueban la propuesta. Se trata de los artículos 273, 300, 350 y la inclusión del inciso a al 323.
Una de las modificaciones es la facultad de poder retener a una persona sospechosa de haber cometido delitos que no porte documentos de identidad, para efectos de poder identificarlo, en un plazo de seis horas.
Otra de las reformas es permitir a militares y policías, que en el ejercicio de sus funciones hieren o matan a alguien, permanecer en resguardo en unidades policiales o militares mientras dure la detención provisional.
También se faculta al juez de Paz para decretar sobreseimientos definitivos para casos en que agentes de la PNC y personal administrativo en funciones operativas, así como militares en funciones de seguridad pública, llegarán a lesionar bienes jurídicos ya sea de la vida o del patrimonio de otras personas.
Con esto no se excluye de las investigaciones a nadie, pues se deberá de remitir a la Fiscalía General de la República el informe que contiene las circunstancias de modo y tiempo en que ocurrieron los hechos.
El proyecto en mención no contempla la inclusión de civiles, que actúen en similares circunstancias como el caso de los agentes de seguridad privados. Sobre esta parte los diputados tendrán que decidir el alcance de este proyecto de ley.
Mientras el ministro Perdomo hacía el llamado para la reforma propuesta al Código Procesal Penal, el agente de seguridad privado José Antonio Orellana Guerrero, de 37 años, era detenido por agentes de la PNC luego de que hiriera a dos pandilleros que atacaron al vendedor de telefonía móvil a quien le brindaba protección y que también recibió un balazo en una de sus extremidades inferiores.
El hecho sucedió al final de la 9ª avenida Sur de la colonia Ferrocarril, de esta capital.
Se afirmó que cinco pandilleros trataron de asaltar al vendedor y que el agente sacó su arma de equipo y disparó en contra de los sujetos quienes también abrieron fuego y producto de ello dos delincuentes fueron heridos. Uno de ellos logró escapar, mientras que el otro fue llevado a un centro asistencial, donde está bajo custodia policial.
El propietario de la empresa de seguridad llegó a lugar de los hechos y se quejó porque los agentes de la Policía Nacional Civil arrestaron a su vigilante por haberse defendido de los asaltantes.