Nueve exfuncionarios de la administración de Francisco Flores encararán cargos penales por peculado supuestamente cometido, en perjuicio del Estado, con la empresa de geotermia estatal.
Estos son el exministro de economía, Miguel Ernesto Lacayo Argüello; el expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang; el expresidente de Gesal hoy La Geo, Jorge Simán Zablah; el exdirectivo de Enel, José Vicente Machado Calderón; y el exdirectivo de La Geo, José Ricardo Palomo Deneke.
Así como los exdirectivos de la CEL y La Geo, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Tom Roy Hawk Baker.
Ninguno de ellos irá a prisión, según tomó la decisión la jueza Séptima de Paz, Evelyn del Carmen Jiménez de Solís, ya que consideró que todos tienen arraigo familiar y domiciliar, por tanto, no representa ningún peligro de fuga.
Incluso, puso el ejemplo del Hawk Baker, que pese a estar fuera de El Salvador, de forma voluntaria se presentó al final de la audiencia inicial. No así el caso de Lacayo Argüello. El extitular de Economía, por su parte, deberá pagar una fianza de $25 mil para gozar de libertad condicional tras no presentarse a la intimación y mucho menos a la audiencia inicial. En tanto, tiene como plazo hacer el depósito también el 13 de diciembre.
Sin declararse arresto, las medidas sustitutivas decretadas contra los acusados son: presentarse cada 15 días al juzgado, no salir del país y no comunicarse con testigos, salvo si fuese necesario, lo tendrían que hacer los abogados de los imputados y no cambiarse de domicilio sin haber notificado al tribunal que ventile la causa.
Los nueve beneficiados con esta medida cautelar, tendrán que presentarse a firmar un libro de registro en el Juzgado Séptimo de Instrucción a partir del 13 de diciembre.
Antes de emitir su fallo, la jueza Evelyn del Carmen Jiménez de Solís, hizo mención a todas las pruebas que la Fiscalía General de la República enfatizaba para llevar a prisión a los investigados y, entre otras cosas, dijo que “la adecuación típica que se atribuye a los imputados en esta etapa del proceso puede estar en crisis, pero como lo establece nuestra normativa procesal penal vigente y para no anular la acción punitiva del Estado, es que considero que ellos tienen que pasar a la siguiente fase”.
Por otra parte, aceptó la petición de la Fiscalía General de la República de exonerar de cargos por complicidad a Óscar Armando Valdez UIraheta, Roger Martin Aviles Iraheta, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christipher Selva Breyel, José Agustín Javier Gasteazoro Escolán, José Antonio Rodríguez Rivas, Porfirio Diaz Fuentes, José Vicente Machado Calderón, José Danilo Julio Martínez Martínez y Paolo Pietrogrande.
También se beneficiaron Benjamín Valdez Iraheta y Carmen Antonia Paredes Lazo. Ambos son notarios y habrían colaborado registrando documentos que facilitaron las irregularidades en el contrato CEL-ENEL.
Sobre los embargos decretados a todos los imputados determinó ha lugar, sin perjuicio de que sea decretado posteriormente.
La copia íntegra de la resolución se entregará a la partes a las 11:00a.m. del próximo jueves.
El caso CEL-ENEL se refiere al hecho de que, en el año 2002, el gobierno de Francisco Flores decidió buscar un “socio estratégico” para la empresa de geotermia estatal mediante un procedimiento poco claro que ahora deberá juzgarse en los tribunales.
Ese proceso le permitió a la transnacional italiana ENEL alzarse, hasta ahora, con el 36 % de una empresa pública que vale más de $1.100 millones, a cambio de una supuesta inversión de $120 millones.
Con ese dinero, los italianos pretenden que el Estado les dé el 53 % de las acciones de LAGEO, la empresa estatal de geotermia.
Para que eso ocurra, el Estado tendría que entregarles un 17 % de acciones restantes a las que poseen, gestión que el presidente Mauricio Funes dijo no estar dispuesto a cumplir.
Parte de lo que debe examinarse, penalmente, en los próximos meses es si realmente existió peculado en esas negociaciones financieras y técnicas que convirtieron a inversionistas italianos en socios de la geotermia estatal.
Vista de la defensa y de los acusados en el Juzgado 7º de Paz. / FOTO: @RadioLaChevere.
Entre las anomalías que deben investigarse son:
a. ¿Por qué se engañó al país y se dijo que tres empresas de talla mundial competían por asumir el papel de socio estratégico cuando en realidad sólo los italianos compitieron?
b. ¿Por qué se cambió el pacto de accionistas (pocas horas después de seleccionarse a los italianos) para crear un escenario en el que la ENEL de Italia podía ser socia mayoritaria de la geotermia estatal?
c. ¿Por qué se permitió ese nuevo escenario si se trataba, por lo menos al principio, de darle sólo el 11 % de las acciones a cambio de acometer, bajo su propio riesgo, dos proyectos geotérmicos de gran envergadura?
d. ¿Cómo es que los inversionistas italianos aparecieron con la posibilidad de convertirse, a cambio de $120 millones en supuestas inversiones, en los dueños de una empresa estatal que vale más de $1.100 millones?
e. También tendrán que explicarse y examinarse una serie de conductas no explicadas de funcionarios y ex directores de CEL y la geotermia estatal.