La titular del Juzgado Séptimo de Paz, Evelyn del Carmen Jiménez de Solís, iniciará este viernes un largo proceso para determinar la suerte de las 21 personas que son investigadas por peculado y falsedad documental agravada por el caso CEL – ENEL.
Por lo voluminoso de las piezas y de acuerdo a lo explicado por el secretario de ese tribunal, José Orlando Artiga Ramos, se prevé que la audiencia inicial tenga una duración de cinco días, incluyendo el sábado y domingo, por los alegatos que puedan surgir de parte de la jueza, la representación fiscal, los acusados y los abogados de los mismos.
Al final de la audiencia, la jueza Jiménez de Solís tendrá que decidir si existen méritos suficientes para que los señalados gocen de plena libertad, se les señale instrucción con libertad condicional o se les prive de libertad, que es lo solicitado desde el lunes por la Fiscalía General de la República (FGR).
De pasar el caso a la siguiente fase, el proceso será remitido al Juzgado Séptimo de Instrucción y dependerá de este tribunal, que fije el día y la hora en que se hará una nueva audiencia, donde la Fiscalía puede solicitar un plazo prudencial para recabar más pruebas y robustecer el caso.
Los principales acusados son el exministro de Economía, Miguel Lacayo, a quien lo acusan de ser instigador del delito de peculado en el caso CEL – ENEL.
Como coautores se señala al expresidente de CEL, Guillermo Alfredo Sol Bang; al expresidente de GESAL hoy LaGeo, Jorge Simán Zablah; al exdirectivo de ENEL, José Vicente Machado Calderón, y el exdirectivo de GESAL, José Ricardo Palomo Deneke.
De igual forma, se acusa a los exdirectivos de la CEL, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Tom Roy Hawk Baker.
Otros de los implicados con el grado de complicidad son: Óscar Armando Valdez UIraheta, Roger Martín Avilés Iraheta, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christopher Selva Breyel, José Agustín Javier Gasteazoro Escolán, José Antonio Rodríguez Rivas, Porfirio Diaz Fuentes, José Vicente Machado Calderón, José Danilo Julio Martínez Martínez y Paolo Pietrogrande.
Por el delito de falsedad documental agravada son acusados Benjamín Valdez Iraheta y Carmen Antonia Paredes Lazo. Ambos son notarios y habría colaborado registrando documentos que facilitaron las irregularidades en el contrato CEL-ENEL.
La FGR presentó el pasado lunes un requerimiento judicial en contra de algunos exfuncionarios de gobierno de Francisco Flores Pérez. La Fiscalía pide una responsabilidad civil de unos mil millones de dólares, para resarcir daños en perjuicio del Estado.
El informe técnico de la Fiscalía expresa que las anomalías se cometieron entre los años 1999-2004, mientras fungía como presidente de la República Francisco Flores Pérez. No obstante, el fiscal sostuvo que “no hay ninguna participación directa o indirecta del ex presidente Flores” por este caso.
La Fiscalía pide el sobreseimiento definitivo de algunos implicados, debido a que los delitos que se les podrían atribuir ya prescribieron.