La Policía Internacional INPERPOL emitió una difusión roja en contra del exministro de Obras Pública, Jorge Isidoro Nieto Menéndez, así como para Jesús Hernández Campollo, propietario de la empresa constructora COPRECA, ambos relacionados con las irregularidades en la construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero.
A Nieto Menéndez, de 59 años, se le persigue por el delito de peculado y estafa agravada e incumplimiento de deberes, mientras que a Hernández Campollo se le busca por el delito de estafa agravada y se presume está en su país de origen, Guatemala.
En este caso, fueron 18 los implicados. Se decretó orden de detención provisional para tres de ellos.
En el sitio oficial, ambos tienen orden de captura internacional por ser perseguidos por las autoridades salvadoreñas.
Sobre este caso, la jueza Quinto de Paz, Yolanda Figueroa, emitió una orden de detención provisional sin derecho a medidas sustitutivas, para Jorge Nieto, Jesús Campollo y para el exviceministro de Obras Púbicas, Sigfredo Ochoa Gómez, quien durante la audiencia inicial se mantuvo recluido en un hospital privado, aduciendo quebranto de salud. Luego recuperó su libertad tras cancelar una fianza de $20 mil dólares.
En la resolución de la audiencia inicial, realizada el 16 de septiembre pasado, la jueza determinó el doctor Roberto Oliva Ortiz, María Guadalupe Calderón Giralt de Carpio, José Lemus Menéndez y Juan Francisco Bolaños tenían que presentar una fianza de cincuenta mil dólares para gozar de libertad condicional, mientras siguen el proceso.
Otro de los imputados, identificado como Luis Renato Murcia Vásquez, fue sobreseído definitivamente de cargos, debido a que ya falleció.
El resto serán procesados con medidas sustitutivas y tendrán que presentarse a firmar al tribunal, no salir del país y no cambiar de residencia, entre otras medidas. Estos son Raúl Eduardo Menjívar Pleitez, Ernesto Iván Cañas Ayala, Alberto Orlando Colorado Cordero, Oscar Alfredo Díaz, Carlos Arturo Ruiz Ayala, Lidia Elizabeth Franco Guevara, Luis Armando Pineda, Rodrigo Pareja Mejía, Daniel Antonio Hernández, Jorge Francisco Blanco y Mauricio Pineda.
A todos se les atribuye su participación mediática para cometer ese ilícito y por ello se les acusa el delito de estafa. La representación fiscal aseguró que tienen todas las pruebas suficientes para demostrar el desfalco de $29 millones en contra del Estado, aunque la cantidad en reparo es de $12 millones 242 mil 752.
La FGR también aduce que la licitación fue adjudicada a COPRECA-Linares sin que presentara solvencias del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Ministerio de Hacienda. Además de que la empresa cambiara los diseños de la obra, sin tener los respectivos permisos ambientales, y eso robustecía para alegar un punto de “fuerza mayor” y detener la obra de inmediato.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene un periodo de seis meses para robustecer el caso.