La Fiscalía General de la Republica (FGR) pidió instrucción formal para nueve imputados en caso CEL – ENEL y sobreseimiento definitivo para el resto, debido a que su delito prescribió. Pero, reiteró, el embargo de bienes es aplicable a todos los imputados por el daño patrimonial ejercido sobre el Estado.
La audiencia inicial se instaló este sábado a las 9:00 a.m. En esta, la representación fiscal se tomó su tiempo para explicar, con lujo de detalles, los argumentos de cómo habría sido tejita la trama para que las acciones de LAGEO pasara a manos del socio estratégico, la empresa italiana Enel Green Power.
De acuerdo a la Fiscalía, todos los directores estaban claros de que no se podía privatizar Lageo, porque esta empresa era el “oro blanco de El Salvador”, como era considerada por algunos directores de la CEL.
Entre otras cosas, la representación fiscal expuso que toda inversión que hacían en LaGeo era con el consentimiento del socio estratégico de Enel Green Power, porque la idea era que ésta empresa italiana capitalizara acciones con la inversión que hacían, pese a que desde un inicio habían pactado que toda inversión era a riesgo y no reembolsable.
Entre algunas pruebas que se expusieron fue el testimonio de algunos exempleados de la CEL, donde afirmaban que despedían a los trabajadores de mandos altos y medios, que en su momento hacían observaciones de que la CEL no tenía ningún beneficio del asocio con la italiana Enel Green Power.
La idea era preparar el terreno para que más acciones pasaran a manos de la empresa italiana, manifestaron.
Se acusó a directivo de la CEL de favorecer a Enel Green Power, sin importarles los intereses de la institución a que representaban, en este caso la CEL y mucho menos los intereses de los salvadoreños.
Desde la tarde del viernes se separaron los procesos y hoy se juzgan únicamente a los acusados de peculado, no así a los que eran investigados de falsedad documental agravada, por la prescripción del delito.
La instrucción formal con detención provisional es contra de exministro de Economía, Miguel Lacayo, a quien lo acusan de ser instigador del delito de peculado en el caso; para el expresidente de CEL, Guillermo Alfredo Sol Bang; al expresidente de Gesal hoy LaGeo, Jorge Simán Zablah; al exdirectivo de Enel, José Vicente Machado Calderón; y el exdirectivo de Gesal, José Ricardo Palomo Deneke.
Se extiende también a los exdirectivos de la CEL, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Tom Roy Hawk Baker.
El sobreseimiento es para Óscar Armando Valdez UIraheta, Roger Martin AvilesIraheta, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christopher Selva Breyel, José Agustín Javier Gasteazoro Escolán, José Antonio Rodríguez Rivas, Porfirio Diaz Fuentes, José Vicente Machado Calderón, José Danilo Julio Martínez Martínez y Paolo Pietrogrande. Todos acusados de complicidad.
También resultaron beneficiados Benjamín Valdez Iraheta y Carmen Antonia Paredes Lazo, a quienes se les imputaba el delito de falsedad documental agravada. Ambos son notarios y habrían colaborado con el registro de documentos que facilitaron las irregularidades en el contrato CEL-ENEL.
Investigados del caso CEL-Enel conversan al final de la audiencia inicial. Foto D1: Napoleón Morales.
No obstante, el Ministerio Público ordenó que se embargue bienes a los 21 acusados, como propiedades, automóviles, títulos valores y el dinero que tengan en sus cuentas bancarias. La idea es que ellos no puedan hacer ningún traslado de los mismos a segundos o terceros.
Los fiscales esperan que este proceso se haga con la celeridad del caso, a fin de evitar que al final del proceso y si fueran juzgado por este caso, los imputados ya no tengan ningún bien a su nombre.
Por otra parte, los fiscales pidieron a la titular del Juzgado Séptimo de Paz, Evelyn del Carmen Jiménez de Solís, intimen el próximo lunes a los representantes de la Enel Green Power, quienes tendrán una reunión de trabajo con accionistas de Lageo, porque tienen que ser incluidos en el proceso.
En el caso de Paolo Pietrogrande y Jaime Luis Torres Alvarado -ausentes porque la Fiscalía General de la República no logró determinar la ubicación de su residencia-, la Jueza Evelyn del Carmen Jiménez de Solís resolvió, mediante lista de requerimiento, para que los ubiquen y tengan que comparecer ante el tribunal.
Al final de la audiencia la jueza Jiménez de Solís tendrá que decidir si existen méritos suficientes para que los señalados gocen de plena libertad, se les señale instrucción con libertad condicional o se les prive de libertad, que es lo solicitado desde el lunes por la Fiscalía General de la República.
De pasar el caso a la siguiente fase, el proceso será remitido al Juzgado Séptimo de Instrucción y dependerá de este tribunal que fije el día y la hora en que se hará una nueva audiencia, donde la Fiscalía pueda solicitar un plazo prudencial para recabar más pruebas y robustecer el caso.
El informe técnico expresó que las anomalías se cometieron entre los años 1994-1999, mientras fungía como presidente de la República Francisco Flores.
La audiencia inicial se suspendió a las 5:00 p.m. de este sábado y se reanudará el próximo lunes a las 9:00 a.m.