La defensa de Ricardo Palomo Deneke, uno de los investigados en el caso CEL-ENEL, dijo este lunes que la asignación del socio estratégico para La Geo se podía realizar de forma directa porque no existía la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Sin embargo, a todo el país se le dijo desde el año 2002 que había tres oferentes, lo cual está documentado en publicaciones periodísticas. Antes de la entrega del informe de la comisión de la Fiscalía General de la República (FGR) que investigó este caso, siempre se decía que las empresas que participaron en la licitación fueron Shell de Gran Bretaña, Sumitomo de Japón y Enel Green Powe de Italia.
Al respecto, el abogado Edgardo Acosta afirmó que no es el punto si participaron o no las tres empresas. “Se hizo la licitación, pero no tenía por qué regirse por LACAP y no hubo manoseo de la misma, porque las reglas del juego permitían que si no se presentaban los tres oferentes o desistían, se podía concesionar a Enel Green Power”, dijo.
“La LACAP exige que haya una licitación donde deben participar no menos de tres empresas, pero no se regían por dicha normativa porque eran dos sociedades anónimas mercantiles, libres de hacer los negocios que quisieran hacer, si podían hacer la contratación directa por haber sido la única que participaba, en este caso Enel Green Power”, explicó Acosta.
“Cuando comenzaron las negociaciones en 1998 no existía la LACAP y por ello no tenían que obedecer sus reglas cuando firmaron el documento final en el 2002”, afirmó el jurista.
La defensa hizo mención al artículo 171 de la LACAP, que literalmente expresas que el presidente de la República deberá aprobar el Reglamento de la presente Ley, dentro de los noventa días posteriores su la vigencia.
Todas las adquisiciones y contrataciones que se hubieren celebrado bajo la vigencia de la legislación anterior y de las que ya se haya iniciado el proceso, continuarán rigiéndose por la misma hasta su conclusión, salvo si se introdujeren modificaciones a la relación contractual, posteriores a la vigencia de esta Ley.
Edgardo Acosta está convencido que el proceso pasará a la siguiente fase y espera que la titular del Juzgado Séptimo de Paz, Evelyn del Carmen Jiménez de Solís, emita medidas cautelares en contra de todos los imputados.
Este lunes, los defensores tuvieron la oportunidad de explicar a la jueza que libra la causa, sus pruebas de descargo para tratar de desvanecer las acusaciones de peculado que se hace en contra del exministro de Economía, Miguel Lacayo, a quien lo acusan de ser instigador del delito de peculado en el caso; para el expresidente de CEL, Guillermo Alfredo Sol Bang; al expresidente de Gesal, hoy La Geo, Jorge SimánZablah; al exdirectivo de Enel, José Vicente Machado Calderón: al exdirector de La Geo, José Ricardo Palomo Deneke.
Se extiende también a los exdirectivos de la CEL, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Tom Roy Hawk Baker. Este último se presentará este martes ante la jueza Jiménez de Solís, porque estaba de viaje.
La FGR sostiene que son culpables y que tienen que pagar con cárcel y patrimonialmente. A todos se les acusa del delito de peculado.
El pasado viernes se separaron los casos y los doce funcionarios restantes que eran acusados de complicidad, la representación fiscal pidió sobreseimiento definitivo para Oscar Armando Valdez Iraheta, Roger Martín Avilés Iraheta, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christopher Selva Breyel, José Agustín Javier Gasteazoro Escolán, José Antonio Rodríguez Rivas, Porfirio Díaz Fuentes, José Vicente Machado Calderón, José Danilo Julio Martínez Martínez y Paolo Pietrogrande. Todos ellos eran acusados de complicidad.
También resultaron beneficiados Benjamín Valdez Iraheta y Carmen Antonia Paredes Lazo, a quienes se les imputaba el delito de falsedad documental agravada. Ambos son notarios y habrían colaborado con el registro de documentos que facilitaron las irregularidades en el contrato CEL-ENEL.
Sin embargo la Fiscalía pidió el embargo inmediato para todos los acusados y la confiscación de sus propiedades, títulos valores, cuentas bancarias y automóviles.
La audiencia inicial continuará este martes y es el turno de los representantes de Enel Green Power. Se espera que al final de la semana haya un veredicto.