La iglesia católica recibió el respaldo de los magistrados de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al admitir una demanda de amparo que habían interpuesto en contra de la Secretaría de Cultura del país, que había declarado como “Archivo Documental Histórico” los documentos de Tutela Legal.
Con la admisión de la demanda, los magistrados garantizan que toda la información de Tutela se mantenga en calidad de “privada”, es decir, no podrá ser consultada libremente como se pretendía al considerarla un bien cultural.
En su recurso, la Iglesia expuso sobre el riesgo de poner “al libre acceso y consulta de la población” los datos contenidos en los archivos históricos de su oficina de derechos humanos con lo cual se violentaba el principio de autodeterminación que se le confiere a la iglesia en los artículos 2 y 26 de la Constitución.
Los magistrados atendieron los argumentos de la iglesia e invalidaron la declaración de “Archivo Documental Histórico” conferida por la Secretaría de Cultura.
Se ordena a la Secretaría de Cultura que se “inhiba” de ejecutar las medidas correspondientes a la declaratoria de bien nacional y al mismo tiempo se sugiere a la Iglesia “adoptar medidas especiales de resguardo de la información que permanece en dichas oficinas”.
Este es el comunicado oficial de la CSJ sobre la admisión de la demanda de la iglesia católica:
Arzobispado violó derechos humanos por cierre de Tutela Legal
La Procuraduría de Derechos Humanos estableció que hubo violación, por parte del arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas, con respecto al cierre de la Oficina de Tutela Legal.
Según la resolución, hubo flagrancia del “derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos en perjuicio de los defensores y defensoras de derechos humanos de Tutela Legal del arzobispado”; a su vez, da por “incumplida la medida cautelar dictada por esta Procuraduría el día dos de octubre de dos mil trece, por parte del señor Arzobispo de San Salvador”, indica el fallo.
La resolución ordena al arzobispo garantizar la integridad de los archivos que antes estaban en poder de Tutela Legal, además de “mantener dichos registros bajo su vigilancia en tanto no se decida la entidad que se encargará de su resguardo y administración a fin de garantizar la seguridad e integridad de los expedientes”.
A partir de ahora, la Procuraduría podrá realizar verificaciones en los procesos fiscales y judiciales vinculados a los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Contrario a lo que establece la Corte en su resolución, la Procuraduría solicita no impedir el procedimiento, por parte de Secultura, para declarar los archivos de Tutela Legal como bien cultural.
Por otro lado, parte de las resoluciones tienen que ver con la Fiscalía General de la República. Recomienda al fiscal general, Luis Martínez, que gire instrucciones para no obstruir a la Procuraduría en el trabajo de verificación de registros de Tutela Legal.
Se da por incumplida la medida cautelar por parte de Martínez por no haber autorizado a personal de la PDHH a verificar las diligencias del registro que lleva a cabo el arzobispado.
Se afirma, además, que hubo violación al derecho de un debido proceso por inobservancia al principio de proporcionalidad, por parte del fiscal general, y distintos agentes fiscales.
Sin embargo, tras las declaraciones de la PDHH, Martínez reaccionó vía Twitter y desde su cuenta oficial aseguró: «No existe ninguna violación a derechos humanos».
A su vez se ordena dar a conocer la creación de la Fundación de la Verdad y la memoria, “cuyo propósito será la preservación del acervo documental y testimonial sobre la violaciones a los derechos humanos acaecidas en el marco del conflicto armado interno salvadoreño, con participación de organizaciones históricas de derechos humanos y víctimas de todo el país”, señala el documento de la Procuraduría.
El 29 de septiembre se dio el cierre de la Oficina Tutela Legal, por orden de Escobar Alas aduciendo, entre otras cosas, que el carácter de la entidad es anacrónica y no corresponde con la época actual.
La decisión generó críticas entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Ante esto, la iglesia católica llamó a la conformación de una comisión para atender sus demandas, sin especificar cuáles serían los cambios con respecto a la labor que ejercía Tutela Legal.