Por cuatro días consecutivos se desarrolló la audiencia inicial en contra de 21 implicados en el caso CEL – Enel Green Power y concluyó la tarde de este martes. El fallo se dará a conocer el próximo lunes 25 de noviembre, por la jueza que lleva la causa, Evelyn del Carmen Jiménez de Solís.
Pese a que la titular que lleva la causa no emitió opinión al respecto, los defensores auguran que el caso pasará a la siguiente instancia y tendrá que ser conocido por el Juzgado Séptimo de Instrucción, donde los acusadores y los defensores tendrán la oportunidad de robustecer sus tesis.
Para el próximo lunes los abogados defensores esperan que sus clientes gocen de medidas cautelares mientras sigue el proceso y que al menos sus bienes no sean confiscados.
Este martes fue el turno de los abogados de la empresa Enel Green Power, quienes desde el lunes llegaron al centro judicial, porque la empresa que representan también fue incluida en el juicio. Ellos trataron de demostrar que el proceso se realizó con transparencia y legalidad.
Otro de los que asistió al final de la audiencia fue Tom Roy Hawk Baker, quien se encontraba fuera del país y a su llegada a la sala 5-A del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, afirmó que se está demostrando que ellos actuaron con base a la información que tenían en su debido momento. “Somos inocentes y todo lo que hicimos era lo correcto”, detalló.
Al ser cuestionado, que al llegar a El Salvador podría recibir un fallo adverso y pasar de plena libertada a ser detenido provisionalmente mientras se ventila la causa, fue muy firme en señalar: “no tenía otra opción más que presentarse a la justicia y soy del criterio que la corrupción se tiene que investigar a todo nivel y pese a que estoy en una posición que no me agrada, voy a enfrentar este proceso como todo lo que he enfrentado en mi vida y por eso regresé”, afirmó Hawk Baker.
“Estoy muy confiado que la jueza va a resolver a nuestro favor y reconfirmo que soy inocente”, concluyó el informante.
Mientras tanto la defensa de José Vicente Machado Calderón, refutó las réplicas de la representación fiscal y las tildó de “risibles y temerarias”, ya que mantienen su opinión que el contrato suscrito entre Enel Green Power y La Geo no es regido por la LACAP, porque la empresa local generadora de energía eléctrica no es propiedad del Estado, ya que está constituida por dos empresas sociedad anónima de capital variable.
El abogado Mario machado fue más crítico y dijo que los acusadores dicen una verdad a medias, en el sentido de que aseguran que La Geo tiene ganancias porque el precio de la energía eléctrica se ha disparado, pero desconocen o no dicen que en el 2002 La Geo tenía pérdidas superiores a los cinco millones de dólares, pese a que el precio de la energía eléctrica era superior al actual.
“Las utilidades se comenzaron a observar hasta que entró el socio estratégico (Enel Green Powee), por ello no se tienen que hacer señalamientos si no se sabe lo que se de dice”, aseguró el defensor.
Desde el viernes el caso fue separado a solicitud de la Fiscalía General de la República, donde solamente se juzgan a nueve por el delito de peculado, entre ellos el exministro de Economía, Miguel Lacayo; al expresidente de CEL, Guillermo Alfredo Sol Bang; al expresidente de Gesal hoy La Geo, Jorge Simán Zablah; al exdirectivo de Enel, José Vicente Machado Calderón, y el exdirectivo de La Geo, José Ricardo Palomo Deneke.
De igual forma se acusa a los exdirectivos de la CEL, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Tom Roy Hawk Baker.
A los doce restantes se solicitó sobreseimiento definitivo y eran acusados de complicidad. Los favorecidos son Oscar Armando Valdez UIraheta, Roger Martin Avilés Iraheta, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christopher Selva Breyel, José Agustín Javier Gasteazoro Escolán, José Antonio Rodríguez Rivas, Porfirio Diaz Fuentes, José Vicente Machado Calderón, José Danilo Julio Martínez Martínez y Paolo Pietrogrande.
También los indiciados por el delito de falsedad documental agravada Benjamín Valdez Iraheta y Carmen Antonia Paredes Lazo, ambos notaries, fueron sobreseidos.
Pero la Fiscalía General de la República pide embargo de bienes para todos entre propiedades, títulos valores, cuentas bancarias y automóviles, hasta llegar a los 1,800 millones de dólares por pérdidas que el Estado ha tenido desde la firma del contrato.