Los acusados del caso CEL – ENEL serán intimados la mañana de este miércoles por el titular del Juzgado Séptimo de Paz, para darles a conocer el requerimiento que pesa en su contra y qué derechos fundamentales tienen como ciudadanos.
El emplazamiento está previsto para las nueve de la mañana y se espera que acudan los implicados o en su efecto los abogados de los mismos. Se les acusa del delito de peculado y falsedad documental agravada.
Desde tempranas horas de este martes, varios abogados se presentaron al tribunal para mostrarse parte y para iniciar las primeras indagaciones del mismo. Uno a uno revisó el documento e incluso tomaban nota sobre el delito que pesa sobre sus clientes y al final les entregaban un CD con la información que presentó la Fiscalía General de la República.
El secretario del tribunal que ventila la causa es el licenciado José Orlando Artiga Ramos. Por razones de tiempo, declinó revelar los nombres de los apoderados y a quiénes representaban, pero aseguró que la mayor parte de los acusados ya tenían nombrados a sus juristas, y que algunos de los señalados llegaron de forma personal para averiguar al respecto.
“Algunos de los enjuiciados están fuera del país y sus apoderados aseguran que harán las acciones necesarias para que sus representados estén en la audiencia inicial, que se hará la mañana del próximo viernes 15 de noviembre”, señaló.
De no presentarse los acusados y sus abogados en la intimación y en la audiencia inicial, el tribunal razonará con vista de requerimiento y quedará a criterio del juez si les emite o no una orden de captura.
Se explicó que tras la audiencia inicial y dependiendo de la pruebas se podrían emitir órdenes de captura, aunque la Fiscalía desde que dio a conocer el caso solicita detención provisional para todos los implicados y en especial contra el exministro de Economía, Miguel Lacayo, a quien lo acusan de ser instigador del delito de peculado en el caso CEL – ENEL.
Como coautores está el expresidente de CEL, Guillermo Alfredo Sol Bang; al expresidente de GESAL hoy La Geo, Jorge Simán Zablah; al exdirectivo de ENEL, José Vicente Machado Calderón, y al exdirectivo de GESAL, José Ricardo Palomo Deneke.
De igual forma, se acusa a los exdirectivos de la CEL, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Tom Roy Hawk Baker.
La Fiscalía presentó el pasado lunes un requerimiento judicial en contra de ellos, algunos exfuncionarios de gobierno de Francisco Flores Pérez.
Entre otras cosas, la FGR pide una responsabilidad civil de unos mil millones de dólares, para resarcir daños en perjuicio del Estado.
Otros de los implicados con el grado de cómplices son: Oscar Armando Valdez UIraheta, Roger Martin Avilés Iraheta, Carlos Mauricio Novoa González, Mario Christopher Selva Breyel, José Agustín Javier Gasteazoro Escolán, José Antonio Rodríguez Rivas, Porfirio Diaz Fuentes, José Vicente Machado Calderón, José Danilo Julio Martínez Martínez y Paolo Pietrogrande.
Por el delito de falsedad documental agravada, son acusados Benjamín Valdez Iraheta y Carmen Antonia Paredes Lazo. Ambos son notarios y habrían colaborado registrando documentos que facilitaron las irregularidades en el contrato CEL-ENEL.
El informe técnico de la Fiscalía expresa que las anomalías se cometieron entre los años 1994-1999, mientras fungía como presidente de la República Francisco Flores Pérez. No obstante, el fiscal sostuvo que “no hay ninguna participación directa o indirecta del expresidente Flores” por este caso.
La Fiscalía, por otro lado, pedirá el sobreseimiento definitivo de los otros implicados debido a que los delitos ya prescribieron.