“Vamos a pelear por los casos” repiten sin el mínimo desaliento los asesores que por años laboraron para Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador. Suenan a que no piensan flaquear ni a permitir que un “patrimonio institucional”, dejado por Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cierre; sobre todo, cuando consideran que la mano del poder económico y político fue la que intervino.
No se esperaban que al finalizar septiembre se quedarían sin trabajo y mucho menos que serían despedidos de forma “absurda”. El equipo que trabajaba para Tutela apenas digiere la idea de que la fundación creada para defender a los sectores pobres y sus derechos haya sido clausurada porque sencillamente no tiene “razón de ser”.
Una de las salas de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) es hoy su refugio. Abogados, promotores y voluntarios maquinan desde ahí, junto a sus organizaciones hermanas, las ideas para demandar al obispo el restablecimiento de Tutela Legal, o al menos el rescate de los valiosos expedientes que han quedado bajo llave, y que se traducen en años de servicio.
“El arzobispo también tiene que entender que debe someterse a la voluntad del pueblo. No puede tomar una actitud autoritaria”, opina desde el fondo del salón Roberto, un joven para quien manifestarse es ineludible.
Ovidio Mauricio González fue hasta ayer el director de Tutela Legal. Heredó el proyecto de María Julia Hernández, cabeza y alma de la institución desde 1982 hasta 2007.
Mauricio González está consciente del número de expedientes que Tutela guarda, como estructuras que no fueron depuradas y que “fácilmente pueden activarse”. Él menciona que así como hay casos en los que se implican a escuadrones de la muerte, militares y guerrilleros que debieron ser investigados, hay también los que surgen por despidos laborales, daños a comunidades, medioambiente y otros relacionados a privatizaciones.
Mauricio González fue director de Tutela desde 2007. Al fondo, una imagen de María Julia Hernández,.
La clausura de esta entidad y que estos casos queden en el limbo llega después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiera una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Si la Sala declarara se derogue esta legislación, da pie para que casos como Monseñor Romero o El Mozote sean reabiertos en los juzgados salvadoreños.
Para este abogado, sí hay coincidencia de que se anuncie un cierre. ¿De quién? Es lo que desconocen. “La decisión fue tomada por alguien. Si hay algún pedido hacia él (Monseñor Escobar Alas) lo desconocemos”, sostiene.
Cada año, Tutela recibía cerca de 250 casos, entre diligencias judiciales, asesorías y asistencias.
A estos se les suma los casos emblemáticos como el de Baterías Récord y las masacres en El Mozote, Morazán; en La Quesera, Usulután; San Gregorio, Cabañas, El Barrillo, Morazán, entre otras. “Hay casos, por ejemplo, el caso Récord que hay que continuar. Un abogado particular no se va a hacer cargo de llevarlo porque es delicado y le está cobrando miles y miles de dólares”, dice quien fuera el director de la institución cuya visión era ser “un organismo de derechos humanos de la Iglesia Católica Salvadoreña inspirada en los fundamentos de la doctrina social”.
Maria Julia Hernandez durante la exhumación en el caso El Mozote. Foto D1: AFP
“Lo que pasará con la gente -se replica Mauricio- es una disyuntiva”, ya que esas personas buscarán recuperar esa memoria.
“Es la misma víctima que debe de pedirlo. Y de hecho ya hay algunos que llegaron a pedir expedientes, no se los están dando. Al lograr ese acceso a los archivos nosotros podríamos ayudar a la gente…”, añade.
Pero su preocupación más fuerte es que los folios se destruyan y temen que desaparezcan. Aunque una de las solicitudes que podrían hacer en los próximos días es que sea Monseñor Gregorio Rosa Chávez el guardián de los archivos. “¿Quién los va a estar cuidando? Los expedientes están en papel: una rata, el agua, el calor, un incendio pueden dañarlos”.
En la mañana de este martes, el presidente Mauricio Funes inauguraba una escuela de educación especial en San Jacinto, al Sur de San Salvador. Ahí, fue cuestionado sobre la decisión tomada por el Arzobispado. Se mostró a favor de los trabajadores sobre la solicitud que hacen de custodiar los archivos. Funes destacó la forma atrevida de investigar los delitos de parte de Tutela Legal, muchos de estos contra derechos humanos.
El mandatario se limitó a no dar un juicio sobre qué podría haber provocado el cierre: “Él sabrá por qué lo ha cerrado”, dijo.
Pero mostró su preocupación a la “mala señal” que envía la Iglesia Católica y el Arzobispado de San Salvador, al no acompañar las causas justas a través del funcionamiento de una oficina defensora de los derechos humanos.
El compromiso que Funes hizo es que el Estado colabore en custodia de los archivos.”Estamos en ls disposición de hacerlo pero depende del Arzobispado”, sostuvo el mandatario.
Organizaciones se reunieron con los asesores Tutela Legal para tomar decisiones a futuro.
Los casos están entrampados o literalmente bajo el nuevo candado que el pasado lunes les impidió a los empleados de Tutela su ingreso. Mauricio González aún refleja el desconcierto que le causó llegar a trabajar ese 30 de septiembre y no poder ingresar a la oficina en la que permaneció desde 1989.
“Sabíamos que por cierta jerarquía (de la Iglesia) éramos mal vistos”, se dicen entre los asesores. Por eso, aunque nunca se imaginaron el cierre, los cambios de las chapas, las actas y los cheques listos denotan que todo estaba planeado.
“Sí hubo planificación y se nos pudo haber comunicado. Pero qué coincidencia que cuando hoy se está discutiendo la Ley de Amnistía se da. Sin embargo, pese al cierre, las violaciones siguen siendo, las violaciones siguen existiendo. Es decir, la razón de ser de Tutela existe”, sostiene el director González.
