Familiares de víctimas de violaciones contra derechos humanos exigieron la devolución de sus archivos, actualmente en posesión del arzobispado, ante cierre de Tutela Legal.
En conferencia de prensa, los afectados su descontento y anunciaron que no cederán en sus demandas. Recordaron el hecho de que a ninguno de ellos se les advirtió sobre el cierre y que sus los abogados estaban realizando una buena labor durante más de 20 años.
Además, califican como erróneas las acciones del arzobispo Escobar Alas de apropiarse de los documentos que, según ellos, les pertenecen. “Quiere taparle la boca a las víctimas, hay una hipocresía dentro de él. No hay corrupción por parte de los abogados que han llevado nuestro caso, lo que existe es un rechazo por parte del Arzobispo por que los trabajadores de Tutela Legal están haciendo muy bien su trabajo”, indicó el Secretario de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote.
El pasado domingo, el arzobispo de San Salvador, José Luis Alas, anunció la creación de una comisión especial –conformada por monseñor Jesús Delgado y los sacerdotes Jaime Paredes, Luis Coto y José María Tojeira− que se encargará de estudiar constitución de nuevo organismo de derechos humanos en sustitución de Tutela Legal del arzobispado.
Agregó que “esta comisión promoverá la creación del organismo arquidiocesano que tendrá como finalidad la defensa de los derechos humanos de las víctimas”.
Sin embargo, los citados afectados afirmaron que desde ya desconocerán el personal que nombre la Iglesia en la nueva dependencia que reemplazará de Tutela Legal. Aprovecharon la rueda de prensa para dar un voto de confianza a los personeros que han llevado sus casos.
El representante aseguró que continuarán con las medidas, ya sea legales o de protesta, para que les devuelvan los archivos. “Vamos a acercarnos a la Fiscalía, si no somos escuchados vamos a escribir una carta al Santo Papa de Roma. Nos aseguraremos de que llegue hasta el escritorio del Papa Francisco y que la lea”, subrayó.
Mauricio Cruz, del Comité Ambiental Cantón Sitio del Niño se unió a la posición del representante de El Mozote, desmintiendo las declaraciones de Escobar Alas cuando afirmó que el arzobispado estuvo siempre en contacto y brindando apoyo a las víctimas.
Señaló que ellos se dieron cuenta del cierre de Tutela Legal por casualidad. Ese día realizaban diligencias propias de su organización en la Fiscalía. Ese mismo día interpusieron una denuncia ante esta instancia, para exigir la entrega de los documentos. El día de hoy esperaba el dictamen de la Fiscalía. “Le hicimos llegar la copia de procurador de Derechos Humanos para que sepa que acudimos a esa instancia. Nos garantizó que le dará seguimiento para ver hasta dónde llega el caso”, explicó Cruz.
Ex agentes de PNC esperan con cautela
Por otro lado, Julio Eduardo Guardado, representante de la organización de ex agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), reivindicó la labor de los abogados de Tutela Legal.
“Somos casi 500 funcionarios que fuimos depurados en 1999, 2000 y 2001 mediante un decreto transitorio 101, el cual consideramos inconstitucional. Fue una depuración masiva e ilegal, una cacería de brujas y desde ese momento exigimos el reinstalo. Tutela Legal nos han representado desde la toma de catedral, desde hace 10 años, de la mejor manera”, expresó.
Para el dirigente, no hay una explicación lógica por el cierre de la oficina, e igual que los familiares de las víctimas de masacres durante la guerra, exigen la entrega de sus documentos intactos.
Con los cambios impulsados por el arzobispado no tienen certezas sobre lo que sucederá más adelante.
Hasta el momento no han interpuesto ninguna acción legal y su posición es cautelosa: se centran en esperar las directrices y la forma de trabajar de los nuevos funcionarios. Aunque su posición es mantenerse con los mismos abogados, no descartan recibir los servicios de la nueva instancia.
El pasado 29 de septiembre se dio el cierre de Tutela Legal, por orden del arzobispo Escobar Alas aduciendo, entre otras cosas, que la naturaleza de la institución no corresponde con la época actual.
La decisión generó críticas entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Ante esto, la Iglesia católica anunció la creación de una nueva oficina para atender sus demandas, sin especificar cuáles serían los cambios con respecto a la labor que ejercía Tutela Legal.