Una de las primeras medidas que provocará la salida del expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Salomón Padilla, será la revisión de más de 600 plazas otorgadas durante su administración, revelaron fuentes que este máximo organismo judicial.
Con la salida de Padilla, ayer también se produjo el retiro de Orestes David Ortez Quintanar −hijo del diputado Orestes Fredesman Ortez Andrade, del FMLN− quien se desempeñaba en una gerencia jurídica pero en la práctica era un funcionario que tomaba las decisiones administrativas.
Magistrados de esa Corte responsabilizan a Ortez Quintanar de nombrar, en plazas que estaban congeladas, a más de 600 militantes del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Ortez Quintanar fungió por varios años como apoderado legal de la alcaldía de Ilopango, según consta en documentos oficiales.
Fuentes bien informadas dijeron a Diario1 que al nuevo presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, Florentín Meléndez, recibió una solicitud de algunos de sus compañeros magistrados para que se revise cada uno de los nombramientos hechos por Ortez Quintanar y ratificados por Salomón Padilla.
La tesis de algunos es que se trató de nombramientos políticos con los que no están de acuerdo.
Trabajadores aglutinados en el sindicato de la CSJ que apoyan al presidente declarado inconstitucional, se dijo, comenzarán una serie de protestas para impedir los despidos.
Rodwal Solórzano, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTO), consideró que el fallo emitido es un capricho más de los magistrados de la Sala Constitucional, ya que atenta contra los principios constitucionales del país al no establecerse en ningún lado que un funcionario público debe tener una afiliación político partidaria.
Advirtió también que a partir de mañana van a conocer “la fuerza de los trabajadores”.
Mientras Salomón Padilla defendía ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa el presupuesto 2014 destinado a la Corte, su nombramiento fue declarado inconstitucional por considerar falta de independencia
El presidente del Órgano Judicial tenía dos demandas dentro de la Sala. Estas fueron presentadas por dos ciudadanos, Óscar Campos Molina y José Roberto Rugamas. Estas argumentaban que Padilla no es apto para ejercer el cargo por su vinculación con un partido político.
Estas demandas se apoyaron en las declaraciones que hizo Padilla admitiendo haber fungido como gerente de la empresa Alba Petróleos, vinculada a dirigentes del FMLN. La resolución se ampara en la violación de los artículos 85 y 176 de la Constitución de la República, “derivada de la filiación partidaria de dicho funcionario”.
Florentín Meléndez asumió la presidencia interina de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el ordenamiento jurídico pues se desempeñaba como primer vocal.
Es presumible que si los magistrados, y la nueva administración, encuentra anomalías en los nombramientos más recientes tomarán medidas severas.
Otros ajustes
También trascendió este lunes que, al quedarse la Sala de lo Constitucional con sólo 4 de 5 miembros, llamarían a un magistrado suplente para que se incorpore a esta instancia.
Pero la salida de Padilla también debe provocar ajustes en el manejo de la Corte Plena conformada por los 15 magistrados de la CSJ.
Para tomar decisiones de Corte Plena se requiere de una votación por mayoría, es decir, ocho magistrados.
Actualmente se discute en Corte Plena la extradición de varios perseguidos por la justicia internacional.
También se examina ahí la política salarial del Poder Judicial y muchas otras tareas administrativas.
Por eso es que se requieren ocho votos para que, ante la salida de Padilla por razones de constitucionalidad en su nombramiento, el Poder Judicial camine sin problemas.