Ciento ochenta ancianos se hartaron del abandono en que los tienen sus hijos y los demandaron, ante los tribunales de justicia, para reclamarles que les entreguen, mensualmente, una cuota alimenticia.
Eso ha permitido que jueces de familia obliguen a los hijos (muchos de ellos profesionales) a cancelar cuotas alimenticias que oscilan entre $60 y $200.
La Unidad de Defensa de la Mujer y el Menor de la Procuraduría General de la República (PGR), registra 171 mujeres y 10 hombres, en su mayoría amas de casa y jornaleros, los que hoy gozan de una cobertura económica que reciben de sus hijos.
Abogados, médicos, profesores, ingenieros agrónomos y uno que otro chofer, son los que encabezan la lista de los profesionales demandados. Lo irónico del caso es que hasta una jueza de lo penal de San Salvador también ha sido demandada por su madre para que cumpla con una obligación alimenticia. Esta, a regañadientes, eroga de su salario $200 mensuales.
Aquellos que se resisten a ceder parte de su sueldo y no logran un acuerdo en los pasillos de la PGR tienen que limar asperezas ante un juez de familia, como última instancia para establecer una cuota.
Por desgracia, muchos de los adultos mayores desconocen que pueden hacer uso de este beneficio, unos por su bajo nivel académico y que otros se hacen del “ojo pacho”, por orgullo propio. Los artículos 247 y 248 del Código de Familia los ampara y están redactados de la siguiente manera:
“Son alimentos las prestaciones que permiten satisfacer las necesidades de sustento, habitación, vestido, conservación de la salud y educación del alimentario. Se deben recíprocamente alimentos: los cónyuges, los ascendentes y descendentes; hasta el segundo grado de consanguinidad y los hermanos”.
La licenciada Emilia Guadalupe Portal Solís, coordinadora nacional de la Unidad de Familia, Niñez y Adolescencia de la PGR, explicó a Diario1 que este es un tema tabú porque muchos padres prefieren pasar hambre antes que humillarse ante sus hijos, demandando comida, salud, vestuario, techo y amor, ante todo. Prefieren dejarlo a la suerte hasta que ellos decidan ayudarles.
La edad promedio de los adultos mayores demandantes de una cuota alimenticia va de los 61 a los 88 años. Por desgracia, no se le ha dado mayor difusión a este tema y por ello se tiene un bajo número de ancianos demandantes. Es más el ego, el orgullo, el machismo y el androcentrismo que no permite a este segmento de la sociedad ver más allá de su nariz.
Entre mayo del 2012 y junio del 2013, la PGR recibió 13,744 demandas, de las cuales 12,741 correspondía a mujeres que exigían una cuota para la manutención de sus hijos, mientras que solo 953 hombres demandaron a su ex pareja por el mismo fin. El resto corresponde a los adultos mayores.
Nadie puede decir que no puede seguir un proceso de esta naturaleza, ya que son 17 sedes de la Procuraduría diseminadas en El Salvador. Por la densidad de población hay tres en San Salvador, dos en Santa Ana y una en cada uno de los restantes departamentos del país.
Todos los servicios son gratuitos y, para los adultos mayores, lo único que requieren es la partida de nacimiento y la dirección exacta de trabajo del demandado. Con ello corre un plazo mínimo de 33 días y máximo de 66 días para definir un monto.
“A veces los procesos se acortan porque ambas partes llegan a un arreglo, pero si padre e hijo no logran conciliar, profundizamos en las investigaciones para ver cuáles son las obligaciones del demandado y las necesidades que tiene el adulto mayor. De ahí fijamos una cuota administrativa respaldada por el Código de Familia vigente desde 1994, y si aún así no se llega a un acuerdo, ambos pasan a un tribunal de familia”, aseveró la licenciada Portal Solís.
“Hay casos muy curiosos, donde los hijos, al momento de rechazar a sus padres, sacan todo su resentimiento. Por lo general, aducen que sus progenitores los abandonaron, violaron o manosearon, recibieron sendas palizas y que aún así tienen el descaro de pedirles ayuda. A estas alturas la ley no distingue esas situaciones y tiene que fallar a favor del demandante, ya que esos delitos debieron dirimirse en su debido momento”, dijo la informante.
“Algunas personas dicen ser listas y quieren escapar de esta obligación, al grado que renuncian a sus trabajos, se cambian de domicilio, hacen traslados de bienes y de dinero, pero aún así tienen que cumplirle a sus padres de forma voluntaria, de lo contrario la Fiscalía General de la República abre un proceso y se sigue un juicio penal”, puntualizó la coordinadora nacional de la Unidad de Familia, Niñez y Adolescencia de la PGR.
La jueza uno del Juzgado Tercero de Familia, licenciada Carmen Elena Molina, es más enérgica sobre este tema y reclama a esos políticos que buscan la silla presidencial incluir en sus planes de gobierno a esta población vulnerable, no solo porque requieren alimentos, salud, vivienda, entre otros aspectos básicos para sobrevivir.
“Ninguno de los candidatos menciona que al final de su periodo presidencial quedarán más asilos, orfanatos y dormitorios públicos, porque los ya existentes están igual de saturados que las cárceles. Nadie lo dice, porque esta población no importa, ya no vende y por eso no se toman en cuenta”, aseguró.
“Es muy lamentable que una buena parte de estos adultos mayores vivan en las calles, esos hombres y mujeres que en un determinado momento fueron los que sacaron adelante a sus familias y, por qué no decirlo, a esta nación, hoy sean menospreciados por sus seres queridos, la sociedad y el Estado. No tienen que vivir de la caridad, miseria o de las sobras que muchas veces les dan. Tenemos que verlos como personas con dignidad humana, y que si tuvieron alguna debilidad en una etapa de su vida, fue por la carencia de lugares de orientación que no provee el Gobierno”, detalló la licenciada Molina.
Este llamado también lo hace extensivo al nuevo Procurador General de los Derechos Humanos, licenciado David Morales, para que se atienda a este sector y se estimulen algunos programas destinados a los adultos mayores. “Basta que a las siete de la noche venga al local de la Cruz Roja ubicado en el centro de gobierno y verá las cantidades de personas que esperan por un plato de comida y buscan un rincón para resguardarse durante las noches. Ellos también son salvadoreños y tienen derechos constitucionales”, indicó la funcionaria.
“En este tribunal, hemos dirimido algunos casos donde los hijos rechazan a sus padres porque padecen enfermedades terminales o contagiosas, como el caso del VIH, aduciendo que se la pueden pasar al resto de la familia. Aun así, hemos logrado que ambas partes lleguen a un acuerdo y de ahí en adelante estos ancianos lleven una vida más tranquila. La responsabilidad económica recae en todos los hijos y entre ellos se ponen de acuerdo para cubrir los gastos de vivienda, alimentos, medicina, vestuario y servicio doméstico”, acotó la jueza del Tercero de Familia.