Después de la segunda captura del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, en febrero de 2014 el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró en una entrevista al canal Univisión que sería imperdonable que el narcotraficante volviera a escapar de un centro penitenciario.
Garantizar la estancia de El Chapo en la prisión «es una obligación que tiene el Estado mexicano», dijo Peña Nieto.
El presidente mexicano señaló entonces que el Estado y el Gobierno estaban obligados a hacer todo lo posible para asegurarse de que «lo ocurrido hace unos años no vuelva a repetirse». De lo contrario, «sería imperdonable», concluyó.
Guzmán, de 58 años y quien llegó a ser el delincuente más buscado por México y Estados Unidos, fue detenido por primera vez el 9 junio de 1993 en Guatemala.
En esa ocasión, el capo fue trasladado al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco (oeste), de donde se fugó el 19 de enero de 2001 aparentemente escondido en un carrito de ropa sucia.
Siguió una larga e intensa persecución, que el escurridizo capo logró burlar en varias ocasiones gracias a puertas reforzadas con acero en sus residencias y a un sistema de túneles secretos, así como una estrecha connivencia con autoridades de todos los niveles.
Finalmente, el 22 de febrero del año pasado fue aprehendido nuevamente por la Marina Armada en su feudo del estado de Sinaloa (noroeste).
El arresto fue anunciado a bombo y platillos por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que recibió elogios internacionales por el “histórico” logro.
“El Chapo” Guzmán se escapó el sábado de la cárcel de máxima seguridad en que estaba recluido a través de un túnel de 1,500 metros que estaba provisto de tuberías de PVC para la respiración, tanques de oxígeno y motocicleta sobre rieles que llega a una casa en construcción, detallaron las autoridades mexicanas.
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