La Corte Nacional de Justicia de Ecuador llamó este martes a juicio al vicepresidente Jorge Glas y a otros doce acusados de asociación ilícita para beneficiarse supuestamente de millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La resolución del juez Miguel Jurado convierte a Glas, en prisión preventiva desde el 2 de octubre, en el político en activo de mayor rango en ser procesado por este megacaso que ha sacudido los círculos del poder y la política en América Latina y África.
La Fiscalía sostiene que Glas recibió a través de un tío suyo, también detenido, unos 13,5 millones de dólares en coimas por contratos adjudicados a Odebrecht, que repartió en Ecuador alrededor de 47,3 millones de dólares por ese concepto.
Según fuentes judiciales, el proceso podría prolongarse varias semanas.
De ser hallados culpables, Glas y los otros involucrados, entre ellos un excontralor de Ecuador y dos exdirectivos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que están prófugos y para los que el juez pidió la extradición, podrían recibir penas de tres a cinco años de cárcel.
La prisión preventiva y el proceso contra el vicepresidente tienen como telón de fondo la fractura en el seno del movimiento oficialista Alianza País -en el poder desde 2007- entre los partidarios del presidente Lenín Moreno y los del exmandatario Rafael Correa, el gran aliado de Glas.
Correa, que en varias ocasiones ha dicho que no existen pruebas contra Glas, sostiene que Moreno, que fue su vicepresidente entre 2007 y 2013, se ha aliado con la oposición tradicional y se sirve de la lucha contra la corrupción para desprestigiar a su gobierno e inhabilitarle a él.
La Fiscalía, que se abstuvo de acusar del mismo cargo al delator y exdirector de Odebrecht en Ecuador José Conceicao Santos Filho, advierte desde hace semanas que Glas podría ser acusados de más delitos, como cohecho y enriquecimiento ilícito, con penas mucho más severas.
Según explicó a la AFP el politólogo Santiago Basabe, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el «costo político para Moreno de mantener al vicepresidente apartado de la acción judicial era insostenible».
«Optaron por la salida que menos daño le genera al señor Glas, al gobierno (de Moreno) y al gobierno del expresidente Correa, que es iniciar un juicio penal por un delito relativamente menor y dejar al menos hasta ahora todavía sin un enjuiciamiento formal a las denuncias más grandes», agrega.
Caído en desgracia
Desde la pequeña cárcel en el norte de Quito en la que pasa sus días, Glas clama su inocencia, afirma que es «el político más investigado por corrupción en Ecuador» y acusa a la justicia de ceder «a la presión política y mediática».
Su abogado, Eduardo Franco, calificó la resolución del juez de «injusta y totalmente arbitraria».
«Nosotros vamos a luchar y vamos a probar ante el Tribunal de Garantías Penales, que se va a iniciar, la total inocencia porque ésta es una decisión totalmente política que no recoge realmente todos los elementos de convicción que nosotros anulamos», dijo tras la audiencia.
Glas, un ingeniero guayaquileño de 48 años, fue una de las figuras más poderosas en la década de gobierno socialista de Correa (2007-2017), a cargo desde 2007 de los sectores estratégicos y desde 2013 como vicepresidente.
Pero en los últimos años su imagen empezó a caer en desgracia.
Primero su nombre apareció vinculado al escándalo de los «Panama Papers», que reveló activos financieros de personalidades del mundo en paraísos fiscales.
Luego la oposición lo utilizó como blanco para desprestigiar al «correísmo» al involucrarlo -sin que haya sido condenado- en varios casos de corrupción, como el de la estatal Petroecuador o el de Odebrecht, que ha llevado a la cárcel a expresidentes y altos funcionarios en países como Brasil, Perú y Colombia.
La llegada al poder de Moreno con ganas de ajustar cuentas con la corrupción terminaron de resquebrajar la imagen de Glas, sobre todo después de que el nuevo presidente le despojara de sus funciones y dijera públicamente que «todos los dedos» le apuntaban cada vez más.
Su procesamiento elevará todavía más le tensión entre Moreno y Correa, cuya abierta pelea fue el detonante de la ruptura Alianza País, mayoritario en la Asamblea Nacional.
Sus diputados están divididos en torno a la consulta popular, todavía sin fecha, anunciada por Moreno para suprimir la reelección indefinida aprobada por Correa, un paso que busca impedir un eventual regreso del exmandatario al poder en 2021.