El gobierno de Venezuela y la oposición acordaron iniciar un diálogo político el próximo domingo, tras la decisiva intervención del papa Francisco, en lo más álgido de la crisis política por la suspensión del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Delegados del gobierno y la oposición se reunieron, por primera vez en dos años y medio de crisis, a fin de «establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria» en isla Margarita (norte), dijo este lunes el enviado del Vaticano, Emil Paul Tscherrig, nuncio apostólico en Argentina.
Maduro, que sostuvo una reunión privada con Francisco en una escala que hizo en Roma de regreso de una gira por Oriente Medio, se felicitó por la intervención papal.
«Le di las gracias en el nombre de Venezuela por todo el apoyo para que por fin, definitivamente, se instale una mesa de diálogo entre los distintos factores de la oposición y el gobierno legítimo y bolivariano que yo presido», dijo a la televisora oficial VTV.
«Ya se venía trabajando, con contactos con todos los grupos y líderes de la oposición, y afortunadamente ha coronado felizmente», añadió.
El encuentro en Caracas, efectuado bajo los auspicios de Unasur, transcurrió «en un clima de respeto, cordialidad y voluntad política para hacer avanzar este proceso», manifestó Tscherrig
En la reunión, gobierno y oposición propusieron temas, metodología y cronograma del diálogo, y acordaron «trabajar en conjunto para garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico» de manifestaciones convocadas por ambas partes esta misma semana.
Durante la audiencia con Maduro, Francisco instó «al diálogo sincero y constructivo» entre el gobierno y la oposición a fin de «aliviar el sufrimiento» de la gente, precisó una nota del Vaticano.
«Espero que se ponga el tema económico de la recuperación de Venezuela como punto central. Espero que se imponga el respeto a la Constitución y se abandone el camino del golpismo», expresó Maduro.
Batalla política
La suspensión del referendo, con el cual la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) buscaba sacar a Maduro del poder, caldeó aún más el ambiente político en Venezuela, país que sufre una severa crisis económica, con grave escasez y una inflación que el FMI calcula en 475% para este año.
La oposición sostiene que la solución a la crisis es la salida del poder de Maduro, cuya impopularidad llega a 76,5% y a quien más de un 60% quiere revocar, según la firma Datanálisis.
Dominada por la oposición, la Asamblea Nacional declaró el domingo que la paralización del referendo consumó un «golpe de Estado» y anunció acciones para «restituir el orden constitucional».
El parlamento debatirá el martes «la situación constitucional del presidente», a quien culpa de la «ruptura de la democracia», mientras la MUD organiza para el miércoles una protesta nacional, llamada la «Toma de Venezuela».
Momentos muy duros
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, destacó que el diálogo llega «en momentos muy duros para el país» por la «operación de secuestro judicial» del revocatorio.
Torrealba refirió que la oposición también pidió a los promotores del diálogo «sus buenos oficios a fin de garantizar en los días por venir el ejercicio del derecho constitucional a la libre manifestación, a la manifestación pacífica».
En tanto, Jorge Rodríguez, delegado del gobierno, sostuvo que «es fundamental que este diálogo aborde los temas que más le importan a los venezolanos, de los cuales el económico y social es de singular importancia».
Diosdado Cabello, uno de los dirigentes más poderosos del oficialismo, señaló que «el diálogo es iniciativa del presidente Maduro. Se sentarán cada vez que convoquen los acompañantes. Ojalá entre esa derecha logren ponerse de acuerdo, unos dicen que sí otros que no».
El diálogo es impulsado desde hace meses por la Unasur, a través de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana).
«Estamos en una gran encrucijada, grave. El término medio: la participación activa, pacífica, inteligente y permanente, es una línea muy complicada de conseguir, es un proceso largo que incluye la negociación», aseguró a la AFP el analista Luis Vicente León.
Antes del anuncio del diálogo, los oficialistas habían amenazado con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y la ilegalización de la MUD como agrupación política.
A su vez, la MUD había anunciado el envío de una comisión para pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) que aplique en Venezuela la Carta Democrática, que prevé sanciones en casos de ruptura del hilo democrático.
Human Rights Watch (HRW) exhortó a la OEA a presionar al gobierno para que permita ayuda internacional frente a lo que considera una «crisis humanitaria».