La acusación de Estados Unidos por narcotráfico contra el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, pretende apoyar planes golpistas de la oposición contra el presidente Nicolás Maduro, denunció este martes el gobierno.
En un comunicado, la cancillería acusó al encargado de negocios de la embajada estadounidense en Caracas, Lee McClenny, de instigar las sanciones contra el vicepresidente, tras meses de buscar «subvertir el orden legal y constitucional» en Venezuela.
McClenny «intenta por esta vía oxigenar a la débil y extinta oposición venezolana extremista para consumar un golpe político contra la institucionalidad democrática de Venezuela», señaló el texto leído por la canciller Delcy Rodríguez a través de la televisión gubernamental.
Washington y Caracas carecen de embajadores desde 2010.
El gobierno de Maduro exaltó la labor de El Aissami contra el tráfico de estupefacientes cuando fue ministro de Interior, entre 2008 y 2012, asegurando que «llevó a la justicia a más de 102 capos de la droga y entregó a 21 narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos».
Asimismo, consideró las sanciones del Tesoro estadounidense como un «ilícito internacional» y advirtió que esto podría llevar al presidente Donald Trump a «perpetuar» los errores de la administración de Barack Obama en sus relaciones con Venezuela.
«Es lamentable y altamente peligroso que la burocracia estadounidense, en conjunción criminal con factores violentos y extremos de la oposición venezolana, encaminen las relaciones de la nueva administración a perpetuar los errores históricos cometidos por el expresidente Barack Hussein Obama contra Venezuela», anotó el comunicado.
Obama firmó en 2015 un decreto que declara a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de Estados Unidos.
Las sanciones contra El Aissami y el empresario venezolano Samark José López Bello prevén el congelamiento de los bienes que puedan tener en Estados Unidos y la prohibición a ciudadanos y empresas de ese país de hacer negocios con ellos.
Al vicepresidente se le acusa de estar detrás de cargamentos de droga enviados desde Venezuela a México y Estados Unidos mientras era ministro de Interior y gobernador del estado de Aragua (2012-2017).