Unicef manifestó el miércoles su preocupación por la desprotección de las niñas paraguayas que sufren abusos sexuales, tras la confirmación del embarazo de una niña de 10 años, sometida por su propio padrastro, actualmente prófugo de la justicia.
«En Paraguay, cada día dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz. Estos casos son consecuencia de abuso sexual y, en la mayoría de las situaciones, de abuso sexual reiterado ante el cual las víctimas no han recibido protección oportuna y apropiada», dijo a la AFP Andrea Cid, oficial de protección a la Infancia de Unicef.
La experta de la agencia de Naciones Unidas cuestionó el nivel del gasto que Paraguay asigna a la educación, uno de los factores que incrementa la vulnerabilidad de las niñas.
«Mientras otros países de la región invierten el 7% y 8% de su presupuesto de gastos en educación, Paraguay no excede de 4%. Es una secuela de la desprotección de la niñez que está en permanente riesgo», afirmó.
La niña de 10 años embarazada tras la violación de su padrastro se encuentra actualmente bajo la protección del hospital de la Cruz Roja en Asunción y con la supervisión de médicos, psicólogos y psiquiatras, bajo observación del ministerio de Salud.
El padrastro, Gilberto Benítez Zárate, de 42 años, fue declarado prófugo de la justicia y su madre está detenida en la cárcel de mujeres, acusada de obstrucción a la investigación judicial, tras descubrirse que intentó ocultar a su pareja.
Polémica por el aborto
La situación de virtual abandono familiar ha generado un fuerte debate en la sociedad paraguaya, entre los partidarios del aborto «por violación» y los contrarios a la interrupción del embarazo, en un país cuya constitución prohíbe este procedimiento salvo riesgo de vida para la madre.
El ministro de Salud, Antonio Barrios, se pronunció en contra del aborto, en primer lugar por la interdicción que establece la Constitución y, en segundo, porque en su opinión, «técnicamente es contraproducente porque el período de gestación ya excedió las 23 semanas».
El juez de garantías Tadeo Fernández rechazó el miércoles un pedido de la madre de convocar a una junta médica para evaluar si es posible o no la interrupción de la gestación.
Su abogada defensora, Gladys López, dijo que «la madre quiere la junta médica para saber si es posible suspender este embarazo».
«La interrupción del embarazo no está contemplada en el código penal», reiteró de su lado la directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, la médica Karen Díaz.
«Llegar a esa instancia depende estrechamente del estado de salud de la paciente, si se presenta una emergencia obstétrica o si se observa que la salud fetal se halla comprometida», explicó.
La oficial de protección de Unicef dijo que el caso de la niña embarazada es el primero, después de mucho tiempo, que cobra estado público y es objeto de un subido debate, en un país donde la despenalización del aborto se constituye todavía en un deseo de políticos de izquierda, profesionales y feministas.
La experta reveló que unas 650 niñas de 10 a 14 años dieron a luz en 2014 y otras 20.000 jóvenes de 15 a 19 años concibieron en el mismo período.
«Las adolescentes no reciben la atención adecuada. Es nuestra preocupación y esperamos que a la luz de este caso se adopten medidas más efectivas para protegerlas de la violencia intrafamiliar», remarcó.
En tanto, La representación local de Amnistía Internacional (AI) lanzó la campaña «#NiñaEnPeligro», para advertir que no se puede obligar a la menor a concebir.