Una jueza de Bogotá ordenó este sábado la libertad del expresidente colombiano Álvaro Uribe, en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por un caso de presunto fraude procesal y soborno a testigos.
Después de presentar de manera detallada sus argumentos, la jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte, anunció su decisión de concederle la libertad a Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010.
«La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud por parte de la defensa, apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en este orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata de doctor Álvaro Uribe Vélez», manifestó la jueza, quien aclaró que contra esa decisión procede el recurso de apelación.
Minutos después de la decisión, Uribe, que participó en la audiencia virtual, expresó en redes sociales: «Gracias a Dios».
Este proceso comenzó en 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra en el Congreso por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, el magistrado instructor del caso archivó la causa contra Cepeda y le abrió una investigación al expresidente por presunta manipulación de testigos.
Tras la orden de detención domiciliaria en su contra emitida por la Corte Suprema de Justicia, Uribe renunció a su escaño de senador, a mediados de agosto pasado, con lo cual perdió el fuero y en consecuencia el caso pasó a la Fiscalía General.
APEGO A LA LEGISLACIÓN
Luego de hacer un repaso de la legislación existente, Salcedo acogió el argumento de la defensa según el cual para la existencia de una medida de aseguramiento con privación de libertad es necesario que previamente se haya realizado una audiencia de imputación de cargos, lo cual no ha sucedido hasta el momento.
Cuando la Corte Suprema ordenó la detención de Uribe lo hizo basada en una indagatoria a la que acudió en octubre pasado, pero al pasar el caso a la Fiscalía cambió también la ley bajo la cual se lleva el proceso, lo que dio un giro de 180 grados a la situación del expresidente.
«No es posible, ni constitucionalmente admisible, equiparar la indagatoria a la formulación de imputación» por lo cual Uribe debe quedar en libertad para respetar el principio acusatorio y respetar las garantías judiciales del exsenador, indicó.
La jueza igualmente consideró que contrario a lo expuesto por los exfiscales generales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, acreditados como víctimas en el caso, no se puede equiparar la indagatoria en el viejo sistema y la imputación de cargos en el nuevo sistema.
Salcedo también consideró un «desatino» que el fiscal Gabriel Jaimes, que ahora lleva el caso, haya cuestionado la actuación de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la indagatoria.
Según la jueza, esos señalamientos desviaron la atención del debate en el juzgado, que era definir la petición de libertad hecha por la defensa del expresidente Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados.