Siete miembros de una familia, entre ellos tres menores de edad, murieron hoy calcinados en su residencia en Managua por un incendio provocado en uno de los días más cruentos en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
Otros dos hombres fueron asesinados y quemados a plena luz del día y en la vía pública cerca del mismo sector, en una de las jornadas más sangrientas de la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el pasado 18 de abril y que ya ha segado la vida de 200 personas, en su mayoría civiles, según organismos humanitarios.
El incendio de una casa de tres pisos, donde también funcionaba una fábrica de colchones, en el barrio Carlos Marx -este de Managua-, sobre cuya autoría hay diversas versiones, causó la muerte de siete miembros de una familia, los adultos calcinados en el lugar, mientras que los menores, rescatados por los Bomberos, fallecieron en el hospital.
Las versiones sobre lo sucedido difieren entre los vecinos. Así, la recopilada por la Dirección General de Bomberos, adscrita al Ejecutivo, apunta a «delincuentes encapuchados» que lanzaron al interior de la vivienda cócteles molotov provocando el incendio.
Otra versión de familiares y vecinos señalan que policías y fuerzas parapoliciales habrían provocado el incendio porque la familia se negó a prestar la parte alta para francotiradores y los amenazaron con disparar si salían de la casa mientras ardía.
La Policía informó de que ha creado un equipo técnico con investigadores y peritos de criminalística para realizar diligencias para esclarecer el hecho.
Posteriormente, desconocidos asesinaron y quemaron a dos hombres en plena calle, cerca de donde ocurrió el incendio, según la Policía Nacional.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una de las organizaciones más importantes del país, señaló que las «fuerzas parapoliciales en complicidad con la Policía Nacional» incendiaron esa casa y denunció que los responsables de la «matanza» impidieron además a la familia Velásquez Pavón, «conocidos comerciantes del barrio Carlos Marx», salir del inmueble y «obstaculizaron» la ayuda de sus vecinos.
«La gravedad de estos hechos ha conmocionado a la población nicaragüense, que ven en los aparatos represivos del gobierno la criminal amenaza para su vida y su seguridad. Este crimen revela un escalamiento de la brutal represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con saldo trágico de más de 178 personas asesinadas hasta el momento», agregó ese organismo.
«Solicitamos a la comunidad internacional, a los órganos internacionales de derechos humanos y en especial a la Relatoría de los Derechos de la Niñez de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano requieran al Estado de Nicaragua para que adopte medidas encaminadas al cese de esa brutal represión», imploró el Cenidh en el texto.
Durante la reanudación este sábado de la mesa de diálogo nacional, el obispo Rolando Álvarez de la Conferencia Episcopal de Nicaragua -mediadora y testigo del diálogo- pidió el cese inmediato de la represión, la violencia, las amenazas, crímenes y asesinatos, que han causado tanto dolor a las familias nicaragüenses. «Esta mesa plenaria está inundada por el dolor», dijo.
La delegación gubernamental, encabezada por el canciller Denis Moncada, que ha culpado a la población de todos los actos violentos registrados desde el 18 de abril pasado, cuando se inició la crisis, leyó los comunicados de la Dirección General de Bomberos y de la Policía Nacional sobre esos hechos.
Por su parte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, formada por empresarios, miembros de la sociedad civil, campesinos y universitarios, afirmó que continuaba en el diálogo «bajo protesta» por el recrudecimiento de la violencia y asesinatos, según uno de sus representantes, Michael Healy.
Healy pidió al Gobierno que desmonte los grupos parapoliciales, a los que responsabilizó de que la familia falleciera calcinada. «Hay pruebas suficientes. Están en todas las redes sociales (…) Incendiaron la casa porque no los dejaron subirse al tercer piso para que pusieran francotiradores», acusó.
El sindicalista y aliado del Gobierno,José Espinoza lamentó que la mesa del diálogo no haya sido capaz de frenar la violencia y que ahora hasta niños inocentes estén pagando con su vida.
«Las autoridades tienen una tarea muy grande y es esclarecer, perseguir y juzgar a los responsables de estos crímenes atroces que proyectan la imagen de Nicaragua como un país de salvajes», recriminó Espinoza.
El líder estudiantil Lesther Alemán demandó al Ejecutivo una «respuesta concreta del cese a la represión», porque mientras dialogan continúan las muertes y la violencia.
«Hemos sido payasos de todo el mundo, mientras la mesa del diálogo sigue bañada de sangre», apuntó Alemán, que en el inicio del diálogo, hace un mes, se enfrentó al presidente Ortega, y le llamó asesino.
«Nos estamos convirtiendo en caínes, enemigos de nuestros propios hermanos», advirtió el periodista y analista político aliado del Gobierno, Adolfo Pastrán.
El dirigente campesino, Medardo Mairena, dijo que Ortega «no tiene capacidad para gobernar» y apuntó al Ejecutivo de ser «los únicos responsables de esta matanza en este país».
Nicaragua está sumida en una crisis sociopolítica que según organismos humanitarios ha dejado entre 178 a 200 muertos, la más sangrienta desde la década de 1980, cuando Ortega también era presidente.
Las protestas contra Ortega, que lleva once años en el poder, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia con acusaciones de abuso y corrupción.