Una nueva ley de autorización de gastos de Defensa firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluye una disposición que exige publicar una lista de corruptos en Guatemala, Honduras y El Salvador, celebraron hoy sus impulsores, los legisladores demócratas Norma Torres y Ben Cardin.
La llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional requerirá que el secretario de Estado proporcione al Congreso una lista de personas, incluyendo los funcionarios públicos, que han cometido actos graves de corrupción, tráfico de drogas y financiación ilícita de campañas en Guatemala, Honduras y El Salvador.
«Debemos estar dispuestos a mencionar nombres, y eso es lo que hace esta legislación. El secretario de Estado ahora tiene 180 días para proporcionar al Congreso una lista de nombres. Es hora de ponernos a trabajar», explicó Torres.
La legisladora, de origen guatemalteco y miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, subrayó que esta legislación «envía un mensaje claro de que los Estados Unidos habla en serio sobre la lucha contra la corrupción en América Central».
Las personas mencionadas en la lista requerida por la legislación podrían estar sujetas a la congelación de activos y la denegación de visas, en virtud de la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos de Magnitsky.
Por su parte, el senador Cardin indicó que «los abusos a los derechos humanos y la corrupción que se ha arraigado en Centroamérica tienen un impacto directo en la seguridad nacional, y el gobierno debe usar todas las herramientas a su alcance para nombrar y avergonzar, y negar el acceso de los abusadores y funcionarios corruptos a los EEUU».
Trump ratificó este lunes un presupuesto récord para el Pentágono de 716.000 millones de dólares para el año fiscal 2019, la mayor cifra desde la salida de EEUU de Irak en 2011.
Ley Magnitsky
A inicios de este mes, congresistas estadounidenses le pidieron al presidente Donald Trump que investigue si amerita una sanción para seis centroamericanos por su presunta vinculación con corrupción y crimen organizado. Entre ellos se encuentran los salvadoreños Enrique Rais y José Luis Merino.
Los congresistas Ileana Ros-Lehtinen y Eliot Engel dirigieron una carta al presidente Trump en la que solicitan que incluya a un grupo de centroamericanos en la lista Magnitsky, con el objetivo de que sean sancionados por violaciones a los derechos humanos.
Además, piden al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro que apliquen a Merino y a Rais la Ley Magnistky, que impone sanciones económicas a personas vinculadas a actos de corrupción en sus países.
Enrique Rais es un exempresario de la basura que se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de un año por delitos de corrupción. José Luis Merino, por su parte, es considerado desde hace muchos años como el hombre fuerte del FMLN, el que maneja los millonarios negocios de ALBA. También ha sido vinculado por congresistas de los Estados Unidos al narcotráfico internacional.
¿Quién es Enrique Rais?
Foto D1, archivo.
En el documento que los congresistas elaboraron dice que Enrique Rais “es un prominente hombre de negocios salvadoreño” que “fue designado como objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con los grupos criminales organizados, compañías ficticias, cárteles y políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los Papeles de Panamá, según un documento judicial de Florida”.
Además, los congresistas recuerdan que en abril de 2016, “el alguacil alegó que las aeronaves propiedad de Rais muestran amplia evidencia de actividades de tráfico de drogas”.
Enrique Rais se encuentra prófugo de la justicia desde más de un año. Es acusado por delitos de corrupción: comprar jueces, fiscales y otros empleados públicos para dirigir acciones jurídicas a su favor y para atacar a sus adversarios.
Rais ha mantenido un largo pleito jurídico con los empresarios canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti por la empresa MIDES SEM SA de CV. En su momento fueron socios. Pero luego se distanciaron y comenzaron una serie de demandas judiciales. Diario 1 publicó que Rais se apoderó de MIDES a través de un fraude.
Entre 2013 y 2014, Rais buscó aliados para ejecutar sus planes contra sus enemigos. Uno de ellos fue el entonces fiscal general Luis Martínez. También el fiscal Julio Arriaza, el juez Romeo Aurora Giammattei y peritos de Medicina Legal. Además contrató un equipo de abogados entre los que estaba Luis Peña, Ernesto Gutiérrez y su sobrino Hugo Blanco Rais.
Todos ellos comenzaron a fabricar pruebas contra los canadienses y contra Mario Calderón (a quien acusaba de traición) y su esposa Claudia Herrera. Fue entonces que las acusaciones de Rais prosperaron en la Fiscalía General que dirigía Luis Martínez: a los canadienses se les giró orden de captura. También a Calderón y a su esposa.
Los canadienses también demandaron. Pero, las demandas de estos contra Rais no trascendieron en los tribunales de justicia. Fueron engavetadas.
Eso levantó sospechas. El escándalo se agudizó cuando algunos periódicos, entre ellos Diario1, publicó que el fiscal Luis Martínez había viajado en aviones del empresario Rais. Eso representaba un conflicto de interés. Pero lo grave fue que en algunos de esos viajes iban algunos abogados de Rais y otros jefes fiscales.
A inicios de 2016, el fiscal Douglas Meléndez llegó a dirigir la Fiscalía General. Ahí descubrió que Martínez y Rais habían armado casos contra sus adversarios. Fue entonces que ordenó la captura de ambos y de otros funcionarios que habían participado en esos hechos.
Enrique Rais también está siendo investigado en Suiza por posible lavado de dinero.
¿Quién es José Luis Merino?
Fotoarte D1.
“José Luis Merino es un alto miembro del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actual viceministro de Relaciones Exteriores para el gobierno de El Salvador. Él y Enrique Rais son copropietarios de la empresa de gestión de residuos, MIDES S.A. de C.V, actualmente atrapada en una disputa multimillonaria”, dice el documento que los congresistas estadounidenses le enviaron a Donald Trump.
Luego agrega: “Se cree que Merino tiene vínculos con organizaciones criminales transnacionales. En 2008, funcionarios colombianos informaron que los correos electrónicos en la computadora portátil del comandante asesinado de las FARC, Raúl Reyes, vincularon a Merino a una red de tráfico de armas”.
En julio de 2016, el prominente senador federal del Partido Republicano, Marco Rubio, cuestionó por qué el gobierno norteamericano, en aquel momento encabezado por Barack Obama, no había sancionado a Merino, a quien señaló como lavador de dinero y contrabandista de armas.
El pasado mes de febrero, La Prensa Gráfica publicó que el apoderado legal de Sigfredo Israel Merino, hermano de José Luis Merino, se autovendió un buque a 1 dólar y lo usó para realizar millonarias compras de combustible. El buque, que tiene la capacidad para transportar 18 mil barriles, hizo alrededor de siete transacciones de gasolina valorados cada una entre $18 y $20 millones.
Según informó en esa ocasión La Prensa Gráfica, el barco se encuentra varado en el puerto de La Unión Centroamericana, en la bahía de La Unión, desde el 15 de octubre de 2015. Cuando Merino fue cuestionado por ese caso, este guardó silencio.