El consejero delegado de TikTok, Shou Zi Chew, advirtió este jueves a los congresistas estadounidenses que imponer un veto a esa plataforma en el país perjudicaría la economía y la libertad de expresión.
«Es una aplicación en la que la gente puede ser creativa. Hay cerca de cinco millones de negocios estadounidenses, la mayoría pequeños, que la usan para buscar clientes e impulsar su crecimiento», dijo ante el comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, donde recordó que en EE.UU. rondan los 150 millones de usuarios.
Chew se había reunido este año con algunos legisladores para enfatizar las garantías de privacidad y seguridad de su empresa, pero esta fue su primera comparecencia oficial dentro del Capitolio.
La dirección administrativa del Congreso vetó ya la descarga y el uso de TikTok de los dispositivos móviles gubernamentales y en enero y marzo se presentaron proyectos de ley que buscan prohibir su aplicación en todos los del país y limitar la amenaza que presenta la tecnología procedente de «enemigos» como China o Irán.
Chew recordó que él es singapurense y que reside en su país, que TikTok está dirigida por un equipo ejecutivo en Estados Unidos y Singapur, que sus sedes están en Los Ángeles y en esa isla y que no está disponible en el territorio continental chino.
Dijo ser consciente, no obstante, de que el hecho de que su empresa matriz, ByteDance, tenga fundadores chinos ha levantado suspicacias sobre si su plataforma podría ser usada o convertirse en una herramienta de China o del Partido Comunista.
Pero «ByteDance no está bajo la propiedad o el control del Gobierno chino. Es una empresa privada. No tengo pruebas de que el Ejecutivo chino tenga acceso a los datos. Nunca nos lo han pedido», afirmó.
Su respuesta sobre si ByteDance ha espiado a estadounidenses fue más ambigua: «No creo que espiar sea la forma adecuada de describirlo».
La Administración de Joe Biden, según ha trascendido, ha amenazado a ByteDance con prohibir la red social si no vende sus acciones en la aplicación, y China declaró este jueves que el veto «socavaría la confianza de los inversores de varios países, incluido China, en Estados Unidos».
En su intento por disipar las dudas, Chew incidió en que su compañía está sujeta a las leyes estadounidenses. «No creo que su propiedad sea el problema», dijo.
En el eje de la labor de la plataforma en Estados Unidos en favor de la seguridad y privacidad está el llamado Proyecto Texas, que contempla esas salvaguardas.
Para garantizar que los datos de los estadounidenses se almacenan allí y se alojan en una empresa con sede en ese país han contratado a Oracle, líder en servicios basados en la nube, y solo el personal de una nueva unidad de la firma, TikTok U.S. Data Security, puede acceder a ellos, explicó.
Cuando este año finalice el proceso de borrar datos antiguos alojados en otros servidores, toda la información protegida estará bajo el paraguas estadounidense.
«Esto va más lejos, por cierto, de lo que cualquier otra compañía en nuestra industria ha hecho. Somos la única, la única, que ofrece este nivel de transparencia», dijo en una sesión de más de cuatro horas y media, y rodeada de mucha expectación mediática y legislativa.
Una sesión en la que la oposición de los congresistas quedó clara desde el principio y acusó a la plataforma de haber «llevado literalmente a la muerte» a adolescentes.
«No confiamos en que TikTok vaya a abrazar nunca los valores estadounidenses. Debería ser vetada. Muchos de sus empleados todavía responden directamente ante Pekín. No nos creemos sus argumentos», señaló la presidenta del comité de Energía y Comercio, la republicana Cathy McMorris Rodgers.
El directivo apuntó en su defensa que en las críticas hay mucho prejuicio y subrayó que ni venden datos a intermediarios, ni rastrean por GPS a sus internautas.
«No recopilamos datos de cuerpo, cara o voz para identificar a nuestros usuarios. No creemos que estemos recogiendo más información que cualquier otra compañía. Mucho de lo que se dice es especulación. Un podría esto o aquello», añadió.
En su compromiso ante los legisladores, cuatro puntos: priorizar la seguridad de los usuarios más jóvenes, proteger los datos del acceso extranjero no autorizado, mantenerse como una plataforma de libre expresión y ser transparentes.