El presidente brasileño, Michel Temer, logró salvar el viernes su mandato en la justicia electoral y lanzó un contraataque contra la corte suprema que lo investiga por corrupción, al negarse a responder a un interrogatorio policial.
«No se sustituye a un presidente de la República en cualquier momento (…). La anulación de un mandato debe ocurrir en situaciones relevantes» e «inequívocas», dijo el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Gilmar Mendes, al pronunciar su voto de desempate 4-3 contrario a la anulación del mandato.
Mendes tomó esa decisión apelando a la «responsabilidad» del tribunal, pese a «graves hechos comprobados», por el impacto que podría provocar para el gigante sudamericano perder a un presidente por segunda vez en poco más de un año.
El TSE no sirve «para resolver una crisis política», remarcó el juez después de cuatro jornadas maratonianas en las que la corte examinó si las elecciones de 2014, en las que fue reelecta la fórmula Dilma Rousseff (izquierda)-Michel Temer (centroderecha), debían ser invalidadas por abusos de poder y financiación ilegal de la campaña, dentro del megafraude a Petrobras.
El relator del caso, Herman Benjamin, votó por la anulación pero no consiguió convencer a la mayoría de sus pares de incluir en la causa las confesiones de exejecutivos de Odebrecht, que no figuraban en las acciones judiciales iniciales de fines de 2014.
Varios analistas apuntaron que los dos jueces del TSE recientemente nombrados por Temer votaron contra la anulación del mandato.
La sociedad brasileña «vive una verdadera pesadilla por el descrédito de sus instituciones (…), por la falta de pudor de los operadores políticos que, violando la soberanía popular, hicieron exactamente todo lo que el elector no deseaba», dijo el juez Luiz Fux durante su voto a favor de la anulación del mandato.
Esta victoria da un respiro a Temer, que asumió el poder hace poco más de un año en sustitución de Rousseff, destituida por el Congreso en un juicio político.
«El presidente de la República recibió la decisión del TSE como una señal de que las instituciones nacionales siguen garantizando el buen funcionamiento de la democracia brasileña», indicó su portavoz, Alexandre Parola.
Temer contraataca
Poco antes de que se conociese el resultado, Temer, de 76 años, desafió a la corte suprema al negarse a responder a un interrogatorio policial escrito por denuncias de corrupción investigadas en el Supremo Tribunal Federal (STF).
Temer «es blanco de una serie de abusos y agresiones a sus derechos individuales y a su condición de mandatario de la nación», argumentó su defensa, que pidió el archivo de la investigación por corrupción, organización criminal y obstrucción a la justicia.
La crisis se desencadenó hace tres semanas, cuando salió a luz una grabación hecha por el dueño del gigante cárnico JBS, Joesley Batista, donde el mandatario parece dar aval al pago de un soborno.
El fiscal general, Rodrigo Janot, podría presentar formalmente cargos contra Temer en cualquier momento, lo que podría apartarlo de sus funciones si esa denuncia fuera aprobada por dos tercios de la Cámara de Diputados y validada por el STF.
Esa posibilidad es peligrosa ante la erosión de la base aliada de Temer, aunque decenas de legisladores son investigados por la Operación Lava Jato sobre los sobornos en Petrobras.
Mercados y aliados
Aferrado al cargo, Temer se escuda en la tímida recuperación económica que está experimentando Brasil, que emerge de la peor recesión de su historia. Pero su mayor bandera, la aprobación de dos reformas promercado, se tambalea en medio de la crisis política.
Además, el PSDB (centroderecha), principal socio del partido del presidente, debe decidir el lunes si abandona el gobierno, donde tiene cuatro ministros, con la vista puesta en las elecciones de 2018.
«Mi hipótesis de trabajo es una continuidad de la administración, del presidente», señaló el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, en París.
Los mercados ven las cosas con más prudencia: la Bolsa de Sao Paulo cayó este viernes 0,87% y el real perdió 0,79% frente al dólar.
Si Temer perdiera el cargo, el Congreso debería elegir al nuevo presidente en un plazo de 30 días, para completar el mandato hasta fines de 2018.