El pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras puede definir esta misma semana si ratifica o deniega la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, a quien EE.UU. acusa de tres cargos asociados con narcotráfico y uso de armas, dijo a Efe este miércoles una fuente oficial.
El expediente del juez natural que autorizó la extradición de Hernández fue remitido a la secretaría de la Corte Suprema de Justicia, que ya pudo haber informado a la presidencia del organismo, y «ahora debemos esperar que la defensa técnica del exgobernante se persone a esta segunda instancia», indicó el portavoz del Supremo, Melvin Duarte.
Agregó que si la defensa se presenta hoy, mañana comenzarían a correr los tres días que establece el auto acordado para que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia convoque al pleno para decidir sobre la extradición, ya sea para ratificar, modificar o revocar la extradición, autorizada el 16 de marzo por un juez natural.
Hernández «goza de las prerrogativas como diputado ante el Parlamento Centroamericano» en otros países, amparado en el Tratado de Viena, por lo que no debería de ser extraditado, dijo el martes la abogada Rosa Elena Bonilla.
Hernández no goza de inmunidad en Honduras
En el caso particular de Honduras, sus diputados no gozan de inmunidad pero, según Bonilla, «quien puede levantar la inmunidad es la Corte Centroamericana de Justicia» (CCJ), instancia a la que también ha acudido la defensa del expresidente, sin haber tenido hasta ahora ninguna respuesta.
La CCJ «es también la encargada de determinar si existe o no la inmunidad que se ha solicitado tanto al juez natural como a la Corte Suprema de Justicia (para) que hagan una consulta prejudicial al órgano encargado que es la Corte Centroamericana de Justicia a efecto que determine los alcances de estas inmunidades y prerrogativas», enfatizó Bonilla.
El artículo 22 del Parlamento Centroamericano establece que los diputados a ese foro regional gozarán «de las mismas inmunidades y privilegios de que gozan los diputados de los Congresos o Asambleas nacionales».
Señala además que «los diputados gozarán de inmunidad permanente respecto a sus votos y opiniones escritas y verbales de carácter oficial manifestadas en el ejercicio de sus cargos».
Añade que «el Parlamento Centroamericano, a solicitud de las autoridades competentes del país del cual el diputado es nacional, podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados» y que «en caso de flagrante delito, el Parlamento procederá de oficio, inmediatamente al levantamiento de las inmunidades y privilegios».
El 14 de febrero Estados Unidos le solicitó a Honduras, a través de la Cancillería, el arresto preventivo con fines de extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández, lo que se cumplió un día después, cuando fue capturado en su residencia, esposado de manos y pies y recluido en una unidad especial de la Policía Nacional, donde permanece desde entonces.
El 16 de febrero, en primera audiencia ante un juez natural, Hernández conoció sobre los delitos que le imputa Estados Unidos, mientras que el 16 de marzo, el mismo juez, en segunda audiencia para presentación y evacuación de pruebas, autorizó su extradición.
Aunque la Corte Suprema de Justicia tendría tres días a partir de mañana para que el pleno, integrado por quince magistrados, decida sobre la extradición o no de Hernández -contra quien no hay ningún juicio abierto en los tribunales-, puede hacerlo antes del sábado, señaló el portavoz del Supremo.
Hernández es el primer expresidente de Honduras requerido en extradición por Estados Unidos para enjuiciarlo por presuntos delitos asociados al narcotráfico y uso de armas.