El Senado mexicano comenzó este martes entre protestas de trabajadores del Poder Judicial la sesión para votar la polémica reforma con la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pretende que a partir de 2025 haya elecciones populares de jueces, magistrados y la Suprema Corte.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, comenzó el diálogo cerca de las 14:45 horas (20:45 GMT) para una sesión que él espera que sea maratónica y supere la de la Cámara de Diputados, que la semana pasada ya avaló la iniciativa de López Obrador.
«Es un proceso que se va a llevar, quizás superemos el tiempo establecido por la Cámara de Diputados, que les llevó 30 horas, quizás vayamos a una sesión más larga que esa», declaró.
Antes de la discusión, se agudizaron las protestas de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), que lleva casi tres semanas en huelga contra la reforma porque, argumenta, acabaría con la carrera judicial y permitiría la intromisión de «intereses» en la justicia.
Pero al presentar la iniciativa en el pleno, la senadora Ernestina Godoy, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que «esta reforma es una respuesta a las demandas históricas que claman por un sistema judicial más justo, más transparente y accesible».
«Se fortalece la democracia y la participación ciudadana en los asuntos públicos, se afianza la división de poderes, que es la esencia de la república, ya que el Poder Judicial surgirá de la voluntad ciudadana y no del acuerdo político», indicó.
De avalarse la reforma, habría elecciones populares y campañas en el Poder Judicial a partir de 2025, se reduciría de 11 a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte, y se crearía un Tribunal de Disciplina Judicial para castigar a jueces percibidos como corruptos.
Aunque la oposición ha alertado de que esto permitiría a Morena y al gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, imponer como candidatos a sus jueces, la senadora Godoy argumentó que «la reforma busca la independencia y autonomía del Poder Judicial».
La discusión comenzó entre denuncias de oposición en México, que acusaron al oficialismo, incluyendo las fiscalías, de intimidar a legisladores para conseguir garantizar que tienen los 86 votos, dos terceras partes del total de 128, que son necesarios para modificar la Constitución.
Los legisladores del derechista Partido Acción Nacional (PAN), la mayor fuerza opositora, denunciaron que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez pidió licencia para que entrara su sustituto, su padre Miguel Ángel Yunes Linares, ante presuntas presiones de Morena para que no los encarcelaran por corrupción y enriquecimiento ilícito.
Por otro lado, el opositor Movimiento Ciudadano (MC) denunció que en Campeche, a cargo de la gobernadora Layda Sansores de Morena, detuvieron al padre del senador Daniel Barreda, quien ha anunciado su voto contra la reforma.