La Duma o cámara de diputados de Rusia aprobó este martes una ley que castiga con hasta cinco años de cárcel a los que cooperen con la Corte Penal Internacional (CPI), que dictó a mediados de marzo una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin.
La iniciativa legal se adoptó «debido a las acciones ilegales de organizaciones internacionales, en particular del CPI», dijo Viacheslav Volodin, presidente de la Duma.
La ley perseguirá a los que cooperen con organizaciones internacionales y órganos estatales extranjeros cuyas decisiones se contradigan con la legislación nacional, ya que la controvertida reforma constitucional de 2020 colocó las leyes rusas por encima de las internacionales.
Según el nuevo artículo del código penal (284), se perseguirá a los que cooperen en el cumplimiento de las decisiones de organizaciones internacionales a las que Rusia no pertenezca y de órganos estatales extranjeros en la persecución penal de funcionarios rusos o integrantes de formaciones de voluntarios que cumplan misiones militares.
Además de una pena de hasta cinco años de cárcel, esas personas podrían recibir de 300.000 rublos (unos 3.600 dólares) a un millón de rublos (más de 12.000 dólares) de multa.
Nada más dictarse la orden de arresto contra Putin, Volodin abogó por prohibir las actividades de la CPI en este país.
Además, aseguró que «cualquier ataque» contra el jefe del Kremlin sería considerado una «agresión» contra el país, en alusión a la orden de arresto dictada por la deportación ilegal de niños de Ucrania, considerado un crimen de guerra.
El Kremlin aseguró que Rusia no reconoce la jurisdicción de esa corte, por lo que sus decisiones tienen «un nulo valor jurídico», mientras el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, avisó de que el arresto de Putin sería equiparable a una «declaración de guerra» y amenazó con bombardear con misiles la sede del tribunal en La Haya.
Poco después, el Comité de Instrucción de Rusia inició un caso penal contra el fiscal, Karim Ahmad Khan, y los tres jueces del CPI, Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y el costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez.
La CPI considera a Putin y también a la comisionada para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, «presunto responsable» de la deportación ilegal de niños ucranianos, lo que ha sido denunciado en numerosas ocasiones por las autoridades de Kiev.
Por ese motivo, Putin ya no podrá viajar al extranjero con libertad, ya que 123 países han firmado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, y otra treintena lo han suscrito, pero no lo han ratificado.
Es la primera vez en la historia que la CPI dicta una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.