La Corte Suprema de Brasil autorizó la investigación de la suspendida presidenta Dilma Rousseff por presunta obstrucción de la justicia, informó a la AFP una fuente del tribunal el martes, a pocos días de que comience su juicio de destitución en el Senado.
La fiscalía intenta averiguar si Rousseff buscó obstaculizar las investigaciones sobre el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva en el marco del megafraude a la estatal Petrobras al designarlo como ministro jefe de su gabinete en marzo.
Lula, presidente de Brasil de 2003 a 2010 e ícono de la izquierda latinoamericana, y al menos dos exministros de Rousseff también serán investigados por obstrucción de la justicia, informó la misma fuente.
La decisión de la Corte Suprema, que responde a un pedido de la fiscalía, convierte a Rousseff en formalmente investigada en relación a la llamada «Operación Lava Jato», que desde 2014 busca desentramar una red de corrupción que desvió más de 2.000 millones de dólares de la petrolera.
Los principales constructores del país obtenían contratos en Petrobras a cambio de sobornos destinados a directivos de la estatal y a políticos y sus partidos. El escándalo ha llevado a la cárcel o tiene bajo investigación a gran parte de la élite política y empresarial de Brasil.
Aclarar los hechos
«La apertura de la investigación es importante para dilucidar los hechos y aclarar que en ningún momento hubo obstrucción de la justicia», dijo a la AFP un portavoz de Rousseff, comentando el fallo de la Corte Suprema.
En marzo, Rousseff nombró a Lula como ministro de la Casa Civil, una jugada que fue interpretada por la fiscalía como un intento de dotar a su antecesor en la presidencia y padrino político de fuero privilegiado y obstaculizar así las investigaciones abiertas contra el expresidente en la justicia ordinaria, que habían comenzado a cercarle.
Los abogados de Lula afirmaron que el exmandatario «jamás practicó ningún acto que pueda configurar el delito de obstrucción a la justicia» y que no se opone a ser investigado, siempre y cuando se respete el debido proceso legal, según el periódico brasileño O Globo.
La fiscalía también ve indicios de que Rousseff nominó a dos jueces del máximo tribunal de apelaciones a cambio de que estos votaran, llegado el momento, a favor de liberar a poderosos empresarios que están presos por participar del esquema corrupto en Petrobras.
«No condenen a un inocente»
Rousseff, suspendida desde el 12 de mayo, enfrentará en los próximos días la fase final de su juicio de destitución, motivado por denuncias de que manejó irregularmente las finanzas del país y maquilló las cuentas en 2014 -año de su reelección- y 2015.
La primera mujer en presidir Brasil reiteró este martes que es inocente, que el impeachment carece de bases legales y que jamás cometió ninguna «deshonestidad» a lo largo de su vida política.
«Pido a los senadores que no realicen la injusticia de condenarme por un crimen que no cometí. No existe injusticia más devastadora que condenar a un inocente», dijo Rousseff en una dramática carta abierta al pueblo brasileño que leyó ante la prensa.
Para salvarse de la destitución, la presidenta propone a los senadores un pacto para retornar al gobierno y realizar un plebiscito que posteriormente permita convocar elecciones anticipadas.
El agónico pedido de Rousseff llega en la recta final del proceso y también en la última semana de los Juegos Olímpicos de Rio, que desde que comenzaron el 5 de agosto desviaron parcialmente la atención de la crisis política en Brasilia.
La resolución del impeachment se espera para los últimos días de agosto y según los pronósticos de analistas y de los propios senadores, la votación final confirmará en el cargo al presidente interino Michel Temer hasta fines de 2018.
Si se concreta, la destitución de Rousseff acabará con el ciclo de más de 13 años de la izquierda en el poder, que desde que Lula asumió el poder, en 2003, reivindica haber sacado a millones de brasileños de la pobreza.