Diversas organizaciones y dirigentes sociales reaccionaron hoy con indignación por la retención del colombiano Yilen Osorio, un investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y alertaron sobre una eventual ruptura del orden democrático.
«Estamos indignados porque creíamos que las arbitrariedades habían quedado en el pasado», manifestó la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, en una rueda de prensa convocada por la Convergencia de Derechos Humanos.
La líder indígena aseguró que se han cometido «ilegalidades» al «secuestrar» a un funcionario internacional y que en el caso están implicados funcionarios del gobierno del presidente Jimmy Morales
Menchú pidió a la comunidad internacional «buscar mecanismos para condenar a Guatemala porque violó muchas reglas» al prohibir el ingreso al país a Osorio.
«Yo creo que todas las organizaciones de derechos humanos tenemos que actuar juntos y no permitir retrocesos a muchas décadas», advirtió la Nobel de la Paz.
La activista Helen Mack también advirtió que la decisión del gobierno de retener al investigador de la CICIG, que tiene a su cargo casos de alto impacto de corrupción, lo que busca es impedir las elecciones generales de junio próximo.
«La CICIG ha sido solo una excusa, es el primer paso para lo que ellos quieren, perpetuar el régimen de corrupción e impunidad en Guatemala», sostuvo y pidió a la población estar alertas.
Mientras, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) alertó que Guatemala está a un paso de la ruptura del orden democrático, al impedir el ingreso al país de Osorio, quien se encuentra en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital.
La CIJ considera que este acto del Gobierno de Guatemala de «detener ilegalmente» a un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas, constituye «delitos graves» que atentan, incluso, en contra de los principios de la ONU.
El director para Centroamérica de la CIJ, Ramón Cadena, advirtió que en Guatemala la coyuntura actual demuestra que se está presentando una «alteración del orden constitucional, que afecta gravemente el orden democrático».
«Esta coyuntura indica que si persiste la crisis, podría llegar a darse el supuesto de la ruptura del orden democrático, lo cual traería consecuencias graves para el respeto de los derechos humanos», alertó.
Cadena enfatizó que la prohibición de ingreso al país de un funcionario de la CICIG, «nos indica que estamos a un breve paso de la ruptura del orden democrático».
En un pronunciamiento público, una veintena de organizaciones y municipalidades indígenas calificaron de «vergonzosa» esa decisión y exigieron a la fiscal general, María Consuelo Porras, que investigue y ordene la captura de Miguel Antonio Cantoral Dávila y de Irma Cruz Suntecún.
Ambos son delegados de Migración en el Aeropuerto Internacional La Aurora y «están cometiendo el delito de desobediencia y detención ilegal», aseguraron.
«Exigimos a los funcionarios incumplir órdenes evidentemente ilegales provenientes de sus superiores entre estos el presidente (Jimmy Morales) y los responsabilizamos de cualquier daño que ponga en riesgo la seguridad e integridad física del señor Yilen Osorio», expresaron.
Las autoridades indígenas instaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la de Constitucionalidad (CC) «evitar que se consuma un autogolpe de Estado, que convierte a Jimmy Morales Cabrera en dictador y busque asilo político para no ser juzgado.».
Calificaron de «vergonzosa» la actitud de no dejar ingresar al investigador de la CICIG con el fin de «encubrir» los actos de corrupción.
La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) ha acompañado a fiscales del Ministerio Público (MP) que están con Osorio en las instalaciones aéreas.
La crisis entre el gobierno del presidente Morales y la CICIG comenzó en agosto de 2017 cuando el mandatario declaró non grato a su comisionado, el colombiano Iván Velásquez, y trató, sin éxito, expulsarlo del país.
Un año después, Morales anunció que no renovaría el mandato de la Comisión que se estableció en 2007 para combatir los cuerpos ilegales, el cual vence en septiembre próximo, y luego también prohibió el ingreso de Velásquez a Guatemala.
En diciembre último tampoco renovó las visas de trabajo de 11 funcionarios de la CICIG, incluido Osorio, y les pidió abandonar el país, pero una resolución judicial dejó sin efecto esa decisión.
Los 11 miembros de la Comisión, sin embargo, salieron de Guatemala por vacaciones y Osorio es el primero que intenta ingresar a territorio guatemalteco.
La Corte de Constitucionalidad resolvió el 21 de diciembre del año pasado que se deben entregar las visas y que no se debe restringir la locomoción de los funcionarios de CICIG.