Dirigentes de organizaciones de la sociedad civil de Honduras propusieron este martes un plan de acción con ayuda de fiscales internacionales para combatir la corrupción en el gobierno, contra la cual se han producido masivas manifestaciones en las últimas semanas.
«No hay tiempo que perder, necesitamos una acción anticorrupción en Honduras», demandó en rueda de prensa el presidente de la no gubernamental Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández.
Hay que «aprovechar el momento para enfrentar la impunidad y combatir la corrupción», subrayó Hernández en referencia a las movilizaciones de hasta 20.000 personas que se manifiestan hastiadas por el comportamiento de los funcionarios públicos.
La propuesta de ASJ consiste en conformar «un grupo internacional de fiscales» para investigar los casos de corrupción, instalar una «comisión ciudadana contra la corrupción» y emprender reformas en la fiscalía, el organismo electoral, el Tribunal de Cuentas y el Poder Judicial, entre otras instituciones.
La propuesta «puede implementarse en forma rápida» que instalar una comisión de Naciones Unidas, como han propuesto otros grupos civiles, pues ello llevaría mucho tiempo, consideró por su parte Omar Rivera, también dirigente de la Alianza, en la rueda de prensa.
Se ha prpopuesto que la ONU que integre un organismo similar a la Comisión contra la Impunidad (Cicig) que funciona desde hace ocho años en Guatemala.
Desde hace tres semanas se producen en la capital y una veintena de ciudades de Honduras, así como en la comunidad de emigrantes en Estados Unidos, movilizaciones de «indignados» por la corrupción, llamadas «marchas de las antorchas».
Las marchas exigen la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, a quien acusan de recibir fondos ilegales para su campaña electoral provenientes de recursos públicos.
La Fiscalía descubrió el desvío de más de 300 millones de dólares del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
De unos 40 acusados en el caso, diez se encuentran actualmente presos.
El presidente Hernández ha negado tener participación en los hechos, aunque recientemente admitió que unos 136.000 de los 300.000 dólares desviados fueron a parar a la campaña electoral que lo llevó al poder, algo de lo que asegura no haber tenido conocimiento.