El presidente guatemalteco, Otto Pérez, desafía las voces de la calle que exigen su renuncia por su presunta vinculación con un multimillonario fraude fiscal, mientras una comisión del Congreso comenzó a discutir este viernes si le levanta la inmunidad para que enfrente a la justicia.
En un mensaje a la nación el domingo y en una entrevista con una radio local el jueves, Pérez, un general retirado de 64 años, retó con tono enérgico a sus detractores, a quienes les aseguró que no renunciará, a pesar de que la Fiscalía lo vincula directamente con el caso de corrupción.
«Quiero decirle a todos los guatemaltecos que estoy aquí, que voy a dar la cara. Seguiré al frente del país, no voy a huir», sentenció la noche del jueves el mandatario guatemalteco, quien enfrenta una crisis política desde el pasado 16 de abril, cuando se reveló la estafa fiscal.
Según una investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU, Pérez y la detenida ex vicepresidenta Roxana Baldetti encabezaban una mafia denominada «La Línea», que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos aduaneros.
Baldetti, quien renunció el 8 de mayo salpicada por el escándalo, se encuentra en prisión preventiva luego de que un juez la ligara al proceso judicial, mientras que Pérez podría ser investigado por la justicia si el Congreso autoriza quitarle la inmunidad.
Este viernes el diputado del gobernante Partido Patriota (PP, derecha) Mario Linares, quien preside el comité que dirige la investigación legislativa contra Pérez, dijo a periodistas que no puede anticipar cuándo tomarían una decisión sobre la inmunidad del mandatario, pese a la presión por un pronunciamiento rápido
«Entiendo la postura de la población y de los sectores, pero hay que hacer esto como se debe, porque si no, podría ser impugnado», explicó el congresista de la comisión, que tiene hasta 60 días de plazo para analizar el expediente.
«Enfrentaré el proceso de antejuicio (sobre el retiro de su inmunidad) porque no tengo nada que esconder», aseguró el mandatario, en respuesta a miles de manifestantes que la víspera llenaron la Plaza de la Constitución en el centro de la capital, apoyados por empresarios, que cerraron sus negocios.
«El pueblo ya lo despidió»
La resistencia de Pérez a renunciar a la presidencia cayó mal a los ciudadanos «indignados», que aseguran estar frustrados por el cobro de sobornos en las aduanas y otros escándalos de corrupción destapados en los últimos meses.
«Esta necedad ya sobrepasó la frontera de la irracionalidad. Ese señor, Pérez Molina, quien dice ser presidente del país, ya no lo es, porque el pueblo ya lo despidió», dijo a la AFP Marcela Fernández, una profesora de 33 años.
A la lista de casos de corrupción revelados bajo la gestión de Pérez se suma el arresto en mayo de los jerarcas del Banco de Guatemala (central), Julio Suárez, y del Seguro Social, el militar Juan de Dios Rodríguez, cercano a Pérez, por la sobrefacturación en un contrato de 15 millones de dólares en la compra de medicamentos.
Como resultado de otra investigación de la Fiscalía y la CICIG, en julio fue detenido Gustavo Martínez, yerno de Pérez y exsecretario general de la presidencia del actual gobierno, por cargos de tráfico de influencias para favorecer a una empresa de energía.
El presidente «no quiere renunciar para no caer en ilegalidad, pero mientras él cometía ilegalidades no consideró al pueblo de Guatemala. No es momento de contemplaciones ni darse baños de pureza», afirmó a la AFP el arquitecto guatemalteco José Asturias.
Renuncia para calmar las aguas
Además del clamor de las calles, la petición para que Pérez deje la silla presidencial es respaldada por la poderosa gremial de empresarios, activistas de derechos humanos, la Iglesia Católica y universitarios.
«Hay un descontento generalizado y lo más conveniente para que las aguas vuelvan a su nivel y que haya mayor tranquilidad es que el presidente renuncie», precisó a la AFP el analista político Marco Antonio Barahona.
Pero no solo los sectores sociales claman por la renuncia del presidente: esta semana la Procuraduría General de la Nación, representante legal del Estado, y la Contraloría General de Cuentas, el ente fiscalizador del gasto público, le recomendaron a Pérez que dimita para evitar un periodo de inestabilidad política en el país.
«Es dramático (que renuncie), pero si estas personas llegaron a los niveles altos del poder deben estar conscientes de todos los efectos de sus actos y que no hay nada que pueda permanecer por mucho tiempo escondido», apuntó Barahona, experto del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos.