El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, acudió este viernes a la Fiscalía a rendir declaración por un caso de amenaza en su contra y por otro relacionado con la divulgación de audios de reuniones del Gobierno por parte de la exministra de Comunicación Patricia Navarro.
«La Fiscalía me citó para leerme mis derechos como ofendido en dos casos y para hacerme preguntas de ampliación», dijo Chaves a los periodistas tras salir de la Fiscalía General.
El primer caso se trata de una publicación en una historia en Instagram en la que una abogada identificada como Jimena Rueda hizo alusión a un francotirador al referirse a unas declaraciones del presidente sobre deforestación en el Caribe.
«Es una publicación de mayo por parte de la abogada Jimena Rueda llamando a un magnicidio a través de un francotirador por medios públicos. Este es el primer acto investigativo de esa acción. Les dije (a los fiscales) que el delito en realidad no es contra Rodrigo Chaves sino contra la democracia de este país porque eliminar físicamente al presidente de una nación es violentar la voluntad popular», expresó el mandatario.
El otro caso se refiere a la grabación y difusión de audios de reuniones de Gobierno por parte de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, relacionados con supuestas irregularidades en el uso de una donación de 300.000 dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En diciembre pasado el Gobierno presentó una denuncia penal contra Navarro y también contra el diario La Nación por la divulgación de los audios.
Chaves calificó este viernes las grabaciones como «ilegales» y dijo que amplió ante los fiscales su declaración sobre el caso, en el que él considera a Navarro como una «criminal confesa».
La exministra Navarro, quien ejerció ese cargo por 4 meses desde el inicio del Gobierno de Chaves, en mayo de 2022, dijo en diciembre pasado a La Nación que grabó los audios para documentar «hechos que podrían ir contra la ley o la ética» y que los suministró a ese diario para «hacer lo correcto».
Las noticias publicadas por La Nación denuncian aparentes irregularidades en la contratación de la empresa de comunicación RMC La Productora, propiedad de Cristian Bulgarelli, quien habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación del concurso que realizó el BCIE para adjudicar los 300.000 dólares en 2022.
Según el Gobierno, fue la exministra Navarro quien llevó a Bulgarelli a Casa Presidencial y que el presidente no lo conocía.
En junio pasado el BCIE sancionó con un veto de 7 años a Bulgarelli y la empresa por «la comisión de las prácticas prohibidas de fraude y colusión», pues «el proveedor aceptó públicamente haber elaborado los términos de referencia del proceso en coordinación y acuerdo con ex funcionaria del Ministerio de Comunicación de la República de Costa Rica».