La policía brasileña detuvo el jueves a Guido Mantega, que fue ministro de Hacienda en las presidencias de Lula da Silva y Dilma Rousseff y una figura de peso en el Partido de los Trabajadores (PT), en el marco de la causa que investiga la corrupción en Petrobras.
Mantega fue detenido por la mañana en un hospital de Sao Paulo, donde acompañaba a su mujer para una cirugía. El exministro fue conducido en primer lugar a su domicilio para buscar documentos y desde allí a la sede de la Policía Federal en la ciudad, reportó un fotógrafo de la AFP.
Después fue enviado a Curitiba (sur), donde se tramita la llamada «Operación Lava Jato» que investiga la trama de Petrobras para casos de personas sin fueros privilegiados.
Mantega está siendo investigado por un pedido que habría realizado en 2012 al empresario Eike Batista para cancelar deudas de campaña por un total de 5 millones de reales (2,5 millones de dólares al cambio promedio de esa época), precisó el procurador federal Carlos Dos Santos Lima en una rueda de prensa en Curitiba.
Los valores «se canalizaron al exterior a través de un contrato de objeto falso entre la empresa de Batista y empresas de la pareja Santana», añadió en referencia a Joao Santana y su esposa Mónica Moura, reconocidos publicistas del PT.
En los procedimientos del jueves -denominados fase «Archivo X» de la Lava Jato- se realizaron siete detenciones y fueron movilizados 180 agentes, para cumplir 49 órdenes judiciales en cinco estados brasileños y en el Distrito Federal de Brasilia. El arresto de Mantega es temporal por cinco días, pero puede ser prorrogada.
Mantega fue ministro de Planificación y luego de Hacienda (cartera que engloba las de Economía y Finanzas) de Lula (2003-2010) y hasta 2015 de su sucesora Rousseff, quien fue destituida este año por el Congreso.
– Fraudes –
Las requisas y detenciones están relacionadas con sospechas de «fraude en licitaciones, corrupción de funcionarios públicos y traspaso de recursos a operadores y partidos políticos responsables de designar cargos importantes» en Petrobras, precisó un comunicado de la Policía Federal.
El fiscal Dos Santos Lima detalló que investigan a un consorcio formado por la constructora Mendes Junior y OSX, de Eike Batista, que fue el hombre más rico de Brasil antes de declararse en bancarrota en 2013.
«Ese consorcio ganó licitaciones en Petrobras sin ninguna capacitación para hacer esas construcciones relativas a las plataformas (petroleras) P-67 y P-70. Tenemos claro que hubo corrupción para que esas obras fueran adjudicadas a ese consorcio», afirmó.
Según el fiscal, se pagaron sobornos por unos 7,4 millones de reales a un intermediario «que operaba para los intereses del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)», que fue aliado del PT y al que pertenece el actual presidente Michel Temer.
Replicando el esquema más recurrente de la «Operación Lava Jato», se hallaron indicios de «un movimiento de origen partidario del PT» para transferir 6 millones de reales «a empresas ligadas al exministro José Dirceu», añadió Lima.
Dirceu, el principal ministro del primer gobierno de Lula, ya fue condenado a 23 años de prisión por este caso, después de haber sido condenado por el escándalo del «Mensalao» (compra de votos de legisladores).
– Otro hombre clave del PT –
Mantega es la última de las figuras políticas del PT alcanzada por la Operación Lava Jato.
El caso asedia a Lula, luego de que el juez de primera instancia de Curitiba Sergio Moro aceptara el martes una denuncia por corrupción pasiva y lavado de dinero en su contra.
Previamente, fueron detenidos el publicista Santana y el extesorero del partido Joao Vaccari.
Mantega, nacido hace 67 años en Italia, fue una figura clave del área económica durante tres de los cuatro mandatos consecutivos del PT en Brasil.
Asumió la cartera de Planificación en 2003 y un año más tarde pasó a presidir el BNDES (banco de fomento). En 2006 tomó el mando del Ministerio de Hacienda y continuó en el cargo durante el primer mandato de Rousseff, antes de ser reemplazado en 2015 por Joaquim Levy al inicio del segundo gobierno.
Considerada la mayor causa de corrupción de la historia de Brasil, la fiscalía define la red investigada como un sistema de «empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban directivos de Petrobras y a cambio recibían la mayor parte de los sobornos para enriquecerse y financiar sus campañas».