TEGUCIGALPA, 2 noviembre 2013. Decenas de pobladores enardecidos por la muerte de un vecino prendieron fuego la noche del viernes una patrulla policial en la remota comunidad de San Miguelito, 200 km al oeste de la capital hondureña, informaron este sábado las autoridades policiales.
El jefe de la Policía Preventiva, comisionado Héctor Iván Mejía, relató a la AFP que «un individuo estaba haciendo disparos al aire en estado de ebriedad, los policías lo requirieron pero lo que hizo fue disparar e hirió de dos balazos en el pecho a uno de los policías; los demás le dispararon y lo mataron».
«Indignados, más de 1.000 pobladores fueron a saquear la sede de la policía, incendiaron una patrulla que estaba estacionada fuera de la sede, quemaron también dos chalecos antibalas, se robaron un fusil y otras cosas pero estamos haciendo un inventario para ver qué más se llevaron», añadió.
Mejía explicó que cuando los pobladores llegaron agresivos a la sede policial cuatro agentes que estaban de turno prefirieron salir «para evitar un mal mayor y notificaron a sus superiores lo que había pasado».
Posteriormente, desde la capital reforzaron la presencia con 60 miembros de los Cobras, una unidad especializada de la policía, para proteger los bienes del Estado y disuadir a los pobladores.
El oficial dijo que las autoridades de la Fiscalía del ministerio Público investigan el incidente y la supuesta participación de autoridades de la alcaldía del municipio de San Miguelito «para deducirles las responsabilidades».
Honduras afronta una violencia interminable que la ubica en el primer lugar de homicidios del mundo, con una tasa de 85,5 cada 100.000 habitantes, según investigaciones de organizaciones especializadas.
Todos los días aparecen cuerpos de personas ejecutadas, muchas en bolsas plásticas, cajas de cartón o sábanas, al estilo de los grupos de narcotraficantes mexicanos.
Gran parte de los miembros de la policía fueron señalados como involucrados en bandas de narcotráfico, roba carros, secuestros y extorsiones y el gobierno de Porfirio Lobo emprende una depuración que, de acuerdo a los analistas, marcha muy lenta porque las autoridades tienen que cumplir con la leyes que garantizan derechos a los sospechosos.