Un grupo de mujeres nicaragüenses, encabezadas por la poetisa Gioconda Belli, solicitó hoy al Ejército de Nicaragua «desarmar» a los parapolicías que «usurpan» las funciones de las fuerzas armadas del país, en medio de la crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos desde abril.
En una carta pública dirigida al jefe del Ejército, Julio César Avilés, las mujeres le pidieron que «proceda a desarmar a los grupos parapoliciales que usurpan sus funciones y el equipamiento de la institución que usted dirige, para realizar actos criminales en contra de la población civil».
Los parapolicías, también denominados paramilitares, son señalados por instituciones humanitarias como el brazo armado con que el presidente Daniel Ortega ejecuta ataques armados contra ciudades que se rebelan a su Gobierno, así como «ejecuciones extrajudiciales», secuestros, tortura y acecho a quienes lo adversan.
El grupo de mujeres que solicitó el desarme de los parapolicías está compuesto por la poeta y escritora Gioconda Belli, la experta en educación Josefina Vanini, la especialista en prevención de la violencia Mónica Zalaquett, la dirigente del Frente Amplio por la Democracia, Violeta Granera, y la presidenta de la Fundación «Violeta Barrios de Chamorro», Cristiana Chamorro Barrios.
La petición también fue firmada por Vanessa Castro, Ligia Elizondo, Lea Guido, María Hurtado, Malena Montis, Mignone Vega, Ana Eliza Martínez, Ximena Ramírez, Carmen Elizondo, Grace March y Rita Delia Casco.
Las mujeres, que se identificaron como «madres, trabajadoras y profesionales», basaron su petición en la Constitución de Nicaragua, que establece que «no puede existir más cuerpos armados en el territorio nacional».
Asimismo citaron un punto de la legislación local que establece que el Ejército «debe disponer de sus fuerzas y medios para combatir las amenazas a la seguridad, defensa nacional y cualquier actividad ilícita que ponga en peligro la existencia del Estado nicaragüense».
Adicionalmente las mujeres recordaron a Avilés que Nicaragua tiene obligaciones con la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, que prohíbe a los Estados contratar a esbirros.
«Estamos consternadas por el dolor de cientos de madres y hermanas, quienes han perdido a sus hijos, los tienen desaparecidos, o en prisión. El conflicto es consecuencia de una década de supresión de libertades», resaltaron las féminas.
El martes pasado, durante la celebración del aniversario la Fuerza Aérea de Nicaragua, Avilés afirmó que «el diálogo es la ruta más conveniente» para solucionar la crisis.
El jefe del Ejército de Nicaragua también destacó «el carácter apolítico de nuestra institución», en un escenario adornado con banderas rojinegras del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura, detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes», lo que Ortega ha negado.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Daniel Ortega siendo presidente.
Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.