La Fiscalía de Guatemala solicitó este jueves una condena de 690 años de prisión contra Fermín Solano, el primer exjefe guerrillero acusado de dirigir una matanza de 22 campesinos en noviembre de 1988, durante la guerra civil que vivió el país de 1960 a 1996.
«El 90% de las víctimas fueron torturadas y presentaban lesiones en vida», declaró el fiscal Lázaro López al pedir la condena contra Solano durante la fase de conclusiones del juicio en un tribunal de la ciudad occidental de Chimaltenango.
El exjefe guerrillero, quien durante el conflicto armado utilizó el seudónimo de «David», es acusado de la masacre de 22 indígenas ocurrida entre el 22 y 25 de noviembre de 1988 en la aldea El Aguacate, municipio de San Andrés Itzapa, 60 km al oeste de la capital.
De acuerdo con la Fiscalía, el exguerrillero es procesado por asesinato en forma continuada y delitos contra deberes de la humanidad, cuyo juicio oral y público inició el pasado 27 de febrero.
Durante el proceso judicial se presentaron más de un centenar de pruebas documentales, testimonios y peritajes contra Solano, quien perteneció a la desaparecida Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), una de las cuatro facciones guerrilleras durante la guerra.
Tras escuchar las conclusiones de la parte acusadora, así como a la defensa del excombatiente, el tribunal a cargo del caso determinará la fecha para dictar una sentencia.
«David», capturado en mayo de 2013 en el sur de la capital, es el primer exjefe rebelde procesado por una masacre atribuida a las fuerzas insurgentes en contra de civiles durante el conflicto armado interno.
Una fiscalía especial de Guatemala investiga desde finales de 2011 a más de 200 exmiembros de la guerrilla por su posible responsabilidad en crímenes de guerra cometidos durante el conflicto, que dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según la investigación auspiciada por la ONU, que es conocida como Informe de la Verdad.
Dicho informe responsabilizó del 93% de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra a fuerzas del Estado, un 3% a la guerrilla y el resto no lo identificó.