«Hay una crisis política, hay mucha indignación, muchas movilizaciones (…) Puede ser una crisis pasajera o empezar un declive de su gobierno», dice a la AFP el analista político José Antonio Crespo.
Los ataques contra los 43 estudiantes posiblemente masacrados en septiembre en Iguala (Guerrero, sur) «volvieron a explotar la crisis de seguridad que ya viene de hace muchos años, pero que tuvimos la esperanza de que iba a mejorar», expone.
Peña Nieto asumió la presidencia en 2012 con el compromiso de reducir la violencia disparada desde que su antecesor Felipe Calderón desplegó en 2006 al Ejército contra el narcotráfico ante la corrupción y debilidad de las policías.
Peña Nieto defiende que los homicidios vienen bajando sensiblemente en el país. Pero el crimen de Iguala, con policías aliándose con un cártel narcotraficante para acribillar a estudiantes, ha escandalizado incluso fuera de las fronteras del país y puesto en duda la capacidad de las autoridades.
«No se ve claro cómo se puede resolver esta situación. El Estado no tiene los instrumentos adecuados, están todos podridos por la corrupción, por la ineficacia», expone Crespo, académico del prestigioso Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Los críticos de Peña Nieto le reprochan haber mantenido la estrategia militar de Calderón, una falta de compromiso contra la impunidad de la inmensa mayoría de los crímenes y poca sensibilidad con las víctimas.
«Peña Nieto no hizo grandes cambios pero tampoco hay mucho margen de maniobra. ¿Abandonar la guerra contra el narcotráfico y dejar que los narcotraficantes hagan todo lo que quieran sólo para cambiar de estrategia? Eso no es viable», matiza Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Peña Nieto «preocupado»
El viaje de Peña Nieto de esta semana a las cumbres de la APEC en China y del G20 en Australia indignó a buena parte de los mexicanos y en particular a los padres de los 43 estudiantes, que claman que siguen vivos y critican al gobierno por no conseguir ninguna prueba de su paradero en 50 días.
Durante su visita de Estado a China, un ojeroso Peña Nieto expresó a reporteros sentirse «afligido» y «preocupado» por los padres de los jóvenes y las crecientes protestas en Guerrero.
Tras haber sido elogiado en el exterior por su paquete de ambiciosas reformas económicas, el crimen de Iguala «ha afectado a la imagen internacional de Peña Nieto, que era bastante buena; y a su imagen interna, que no era muy buena pero ahora está peor», señala Crespo.
Justo antes de partir a China, el presidente se vio envuelto en otra polémica al revelarse que su esposa, la exactriz Ángelica Rivera, adquirió en 2012 -antes del triunfo electoral de Peña Nieto- una lujosa mansión a una empresa vinculada con un consorcio nominado para construir el primer tren de alta velocidad de México.
Despertar ciudadano
El crimen de los desaparecidos no sólo golpea a Peña Nieto. El Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), tuvo que pedir perdón en Iguala por haber postulado a José Luis Abarca a la alcaldía, a pesar de haber sido investigado por nexos con el crimen organizado.
Hoy, Abarca está además acusado de haber ordenado a sus policías que atacaran a los estudiantes, quienes fueron entregados después a sicarios del cártel Guerreros Unidos que supuestamente los asesinaron e incineraron.
Analistas tampoco creen que el Partido Acción Nacional (PAN, conservador) pueda beneficiarse de esta crisis por la violencia del gobierno Calderón.
«No hay partido al que se pudiera acercar la ciudadanía en este momento. Es una especie de despertar ciudadano sin conexión política», señala Benítez Manaut.
Los expertos dudan de que nuevos partidos como Morena, del dos veces candidato presidencial por el PRD, Andrés Manuel López Obrador, logren canalizar la indignación.
Temor de conflicto social
Por fuera del tablero político, las protestas violentas se están concentrando en el empobrecido Guerrero, donde han sido incendiados edificios oficiales como el Parlamento y la gobernación.
Los analistas creen que el sindicato local de maestros, punta de lanza de las protestas, se mueve también por intereses laborales propios. Pero en la elevada tensión sobrevuela el recuerdo de la revuelta que vivió el vecino estado de Oaxaca (sur) durante meses, desatada por la represión de una protesta magisterial.
«Están dadas unas condiciones que parecen ser parecidas a las de Oaxaca en 2006. Pero en 2006 no salieron de Oaxaca. Puede que ahora tampoco salgan de Guerrero con ese nivel de violencia», indica Benítez Manaut.
En Guerrero, el «gobierno está un poco pasivo porque no quiere reprimir pero, ¿hasta dónde puede permitir que se genere una situación de ingobernabilidad?», se pregunta el experto.