El partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) expresó hoy su «más firme denuncia y condena» al asedio y la persecución por parte de la Policía de Nicaragua en contra de periodistas, en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado.
«Los Ciudadanos por la Libertad expresamos nuestra solidaridad con todos y cada uno de los comunicadores que han sido y están siendo objeto de agresiones, amenazas, hostigamiento y persecución por el régimen, utilizando incluso el aparato policial y judicial como instrumentos de intimidación política», señaló ese colectivo, en una declaración.
Un informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) contabilizó que entre abril y octubre, en el marco de la cobertura de las protestas contra el presidente Daniel Ortega, se registraron unos 420 ataques, censuras y amenazas contra la prensa independiente por parte de policías, paramilitares y seguidores del régimen.
El caso más grave fue del periodista Ángel Gahona, asesinado el 21 de abril en Bluefields mientras transmitía las protestas a través de Facebook Live.
En tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este martes el arresto y exigió la inmediata liberación de Luis Sánchez Sancho, editorialista del diario La Prensa de Managua, al tiempo que denunció un incremento de los ataques contra periodistas independientes en Nicaragua.
La presidenta de la SIP, la colombiana María Elvira Domínguez, destacó que Sánchez Sancho está detenido e incomunicado de su familia y su abogado desde el sábado, después de estar involucrado en un accidente de tránsito, pese a que se trata de una infracción menor y no de un delito.
Además, el 24 de noviembre varios periodistas fueron agredidos por agentes de policía, entre ellos Gustavo Jarquín, cronista deportivo de Radio Corporación; y Miguel Mora y Verónica Chávez, directores de 100% Noticias.
El comentarista político Jaime Arellano abandonó el país el domingo debido a amenazas y complicaciones de salud.
Ciudadanos por la Libertad advirtió que «la gravísima crisis política, social y humanitaria que vive Nicaragua no se resolverá tratando de silenciar las voces que denuncian las violaciones a los derechos humanos en contra de un pueblo que demanda justicia y democracia».
Por tanto, ese colectivo reiteró «que la única vía para evitar más sufrimiento a los nicaragüenses es el cese inmediato de la represión, la reanudación de un diálogo nacional con la Conferencia Episcopal como mediador y testigo y la más pronta realización de elecciones libres, transparentes y observadas».
El diálogo nacional para superar la crisis fue suspendido de forma indefinida en julio pasado, después de que grupos oficialistas atacaron a obispos de la Iglesia católica, quienes actuaban como mediadores.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 325 y 545 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 a los fallecidos.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de «golpe de Estado».
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario